La 'Ley humanitaria' que golpearía a los ecuatorianos en medio de la pandemia

Por: Santiago Serna Duque 

Ecuador es la tercera nación de Suramérica más afectada por la pandemia del coronavirus (COVID-19). El Ministerio de Salud registra 1.654 muertos y unos 30.300 contagiados por la enfermedad originada en la ciudad china de Wuhan. 

En medio de esta crisis sanitaria, el pasado 16 de abril, un mes después de haber declarado el estado de excepción, el Gobierno de Lenín Moreno presentó ante el poder legislativo un paquete de medidas de “austeridad” para enfrentar la emergencia, muchas de las cuales habían detonado un levantamiento social en Ecuador durante septiembre y octubre de 2019. 

Entre los ajustes económicos que llegaron con carácter de “urgente” a la Asamblea Nacional está el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, conocido como la ‘Ley COVID’ o ‘Ley humanitaria’. 

Dicha medida incluye, entre otros puntos, la creación de un impuesto a los ingresos de las personas y a las utilidades de las empresas, con el que se pretenden recoger unos USD 1.400 millones para mitigar el impacto económico negativo generado por el coronavirus. 

En este contexto, la organización Amnistía Internacional (AI) manifestó que la ‘Ley humanitaria’ podría ocasionar una fuerte inestabilidad social entre los ecuatorianos.

En conversación con la Agencia Anadolu, la directora adjunta para las Américas de AI, Fernanda Doz Costa, aseguró que "cuando vienen este tipo de paquetes de austeridad, por lo general se recortan las estructuras del Estado que sostienen las garantías de los derechos sociales. Las medidas que se están tratando de pasar ahora en este debate legislativo son similares a las que generaron el malestar social el año pasado”. 

"En Ecuador, en el marco de la crisis, el Gobierno no llegó a un acuerdo con diferentes sectores sociales para determinar cuál es la mejor manera de equilibrar el presupuesto nacional sin afectar a los más necesitados. Ahora está aprovechando que todos están confinados en sus casas y quiere volver empujar leyes antipopulares", advirtió Doz Costa. 

Según explicó el diario ecuatoriano El Comercio, al interior del Congreso todavía no se ha definido el “aporte” porcentual que harían los trabajadores. Eddy Peñafiel, del partido político Pachakutik, propuso que se aplique desde los sueldos que superan los USD 1.000, mientras que la bancada de CREO quiere que la base sea USD 2.500. 

Las contribuciones temporales que asumirían los empleados serían por un periodo de nueve meses. 

Sobre esto, Doz Costa destacó que estas tributaciones se tienen que adoptar bajo precisas revisiones y sin menoscabar los derechos laborales. 

“Deben aprenderse las lecciones de la crisis de octubre de 2019. Para evitar nuevos episodios de inestabilidad social en Ecuador, el presidente Moreno debe hacer un análisis serio sobre las implicancias para los derechos humanos que tendrán estas medidas de austeridad y consultarlas adecuadamente con la población. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional debe abstenerse de introducir exigencias relativas al pago de la deuda que puedan socavar la capacidad de Ecuador de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales; y asegurarse de que el país tenga la capacidad fiscal necesaria para ese fin”, aseguró Doz Costa. 

“Ante el devastador impacto del COVID-19 en Ecuador, cualquier medida de austeridad que no respete los derechos humanos pondrá aún más en riesgo la vida y la salud de las personas, especialmente aquellas más vulnerables frente a la pandemia”, añadió la funcionaria de AI.

Por su parte, el abogado tributario Napoleón Santamaría señaló, en diálogo con El Comercio, que la crisis del coronavirus ha desnudado los históricos problemas estructurales de planificación que aquejan a Ecuador en las últimas décadas. 

El abogado apuntó que, históricamente, el país no cuenta con los recursos necesarios para afrontar una coyuntura de emergencia. De hecho, si la ‘Ley COVID’ es aprobada por el legislativo, sería la cuarta tributación de estas características que los ecuatorianos pagarían en los últimos 40 años. 

“El Ecuador siempre ha estado sin reservas, no hemos tenido previsiones para soportar las crisis. Les ha tocado a los ciudadanos aportar para solventar los efectos económicos de estos casos fortuitos. Aquí hay un desorden, una mala planificación de los gobiernos de turno, todo se va en corrupción y los resultados son funestos”, dijo Santamaría.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (la ciudad más golpeada por el COVID-19 en Ecuador), Pablo Arosemena, manifestó que el proyecto de ley propuesto por el presidente es contraproducente para la economía nacional. 

“Ecuador es el único país de la región que en plena crisis pretende subir impuestos. Son cerca de USD 516 millones menos para el sector productivo y USD 695 millones que el Gobierno extraerá del bolsillo de los ciudadanos”, aseveró Arosemena.

El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil concluyó que esta medida -la cual será votada en el Parlamento antes del 16 de mayo- mermaría liquidez al sector productivo e impediría la generación de empleos en Ecuador, un país que, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), proyecta una contracción de -6,5% en el 2020.

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