Susana Patricia Noguera Montoya
07 Noviembre 2018•Actualizar: 07 Noviembre 2018
El Banco Interamericano de Desarrollo dio a conocer este martes un estudio en el que 25 expertos analizaron la economía ecuatoriana y recomendaron al país abrirse más al comercio internacional, entre otras sugerencias.
El libro describe las principales reformas que se implementaron en Ecuador para revertir el estancamiento económico de los años ochenta y noventa, aumentar la cobertura y calidad de la infraestructura, reducir la pobreza e impulsar el crecimiento de la clase media.
Añade que es necesario iniciar una serie de reformas para "hacerle frente a una nueva coyuntura internacional menos favorable" y suplir las nuevas demandas sociales producto de una mayor clase media.
El análisis, que incluye tres bloques de análisis a la gestión macroeconómica del Ecuador, dice que la prioridad en el corto plazo debería ser completar el proceso de saneamiento macroeconómico que está realizando el presidente Lenín Moreno.
Pero añade que el país debe adoptar un modelo de mayor apertura comercial para potenciar el peso del sector exportador y atraer mayores volúmenes de inversión extranjera. Los expertos añadieron que así se podría reforzar la sostenibilidad de la dolarización.
Vale la pena recordar que en el 2000 Ecuador adoptó oficialmente el dólar como moneda nacional, luego de una profunda crisis inflacionaria en 1990.
Desde la crisis financiera de fines del siglo pasado, la inversión del Estado en los sectores de infraestructura ha tenido resultados notables, pero “la brecha de infraestructura del país sigue siendo enorme”, señala el estudio.
El documento estima que requeriría una inversión adicional de aproximadamente 2,5 veces el PIB para converger al nivel de los países de la OCDE. “Dado el contexto fiscal, es improbable que el sector público pueda movilizar por sí solo estos montos”, señalaron los expertos del BID.
Por eso, otra de las sugerencias es Ecuador aumente la eficacia y eficiencia de su sistema de inversión pública y promueva las asociaciones público-privadas (APP) para cerrar la brecha de infraestructura.
Para el sector transporte, el documento enfatiza la necesidad de abordar un proceso de “fortalecimiento institucional integral”. En el sector de agua y saneamiento, se plantea revisar los marcos tarifarios y promover una mayor participación de los operadores privados para lograr la cobertura universal.
En energía, mencionaron que eliminar progresivamente lo subsidios a los combustibles podrían crear importantes ahorros fiscales que supondría la eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles.
También recomendó que el proceso de consolidación fiscal que realiza el actual gobierno no se lleve a cabo a costas de la inversión social, debido a que se han observado importantes avances en indicadores sociales. La alternativa, especificaron, es tomar medidas para mejorar la focalización y calidad del gasto social.
