Por: Andreina Itriago
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha tomado decisiones que han resultado polémicas de cara a los controvertidos comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre.
Con la intervención de dos nuevos partidos a principios de la semana pasada, ya son siete las asociaciones “secuestradas”, “expropiadas” o “asaltadas”, según han denunciado sus dirigentes y militancia por vías judiciales.
La arremetida no solo ha sido contra los partidos de oposición más votados: Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT), sino, más recientemente, también contra miembros del Gran Polo Patriótico –coalición política que apoya a la llamada revolución bolivariana–, como se evidenció con las intervenciones de Tupamaro y Patria Para Todos (PPT).
Esto se suma a otras maniobras que, según expertos, conforman una estrategia del oficialismo para garantizar la recuperación del Parlamento, único poder en manos de la oposición.
“Está todo arreglado para que una mayoría calificada de oficialismo tome control de esta nueva supuesta Asamblea Nacional (AN), espuria, y esto evidentemente no le conviene al país y no resuelve nada”, sentenció el profesor Óscar Arnal, de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
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Pero la estrategia podría perseguir, también, otro fin. Para el abogado Alí Daniels, director de la organización local Acceso a la Justicia, se podría estar buscando concretar una hegemonía dentro del oficialismo.
“Quieren imponer una cosa que (el expresidente Hugo) Chávez intentó toda la vida, que fue la de tener un solo partido, y nunca logró”, dijo Daniels al analizar la situación para la Agencia Anadolu.
Al mismo tiempo, el Gobierno cumpliría con algunos compromisos. “El Gobierno tiene que hacer algunas cesiones de poder, y esas cesiones de poder pueden ser a costa de sus aliados de toda la vida”, acotó Daniels al referirse a los escaños que ocuparía la denominada “mesita” o grupo de partidos minoritarios de oposición que han participado en diálogos con el Gobierno y que, a diferencia de la oposición mayoritaria, participará en las elecciones.
A principios de este mes, la principal coalición de opositores suscribió un comunicado conjunto en el que ratificó su postura de no participar por considerar el proceso como un "fraude”. Algo que, sin embargo, fue criticado por algunos, como los representantes locales de la Iglesia católica, quienes, pese a reconocer las irregularidades del proceso, pidieron participación.
Pero hay quienes esperan más del bando encabezado por Juan Guaidó. “Le planteamos a la AN que tiene que declarar formalmente que (…) (el proceso) no tiene ningún valor, es nulo de nulidad absoluta (…) y en consecuencia debe manifestar que hasta cuanto no se produzcan elecciones válidas, continuará en su función constitucional”, insistió el reputado jurista Tulio Álvarez.
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La tesis de la continuidad ha sido planteada por varios actores, aunque la oposición aún no ha dicho nada formalmente. El abogado Manuel Rojas Pérez le explicó a la Agencia Anadolu, en el marco de la misma rueda de prensa en la que hablaron Álvarez y Arnal, que “hasta que no haya una verdadera elección, que cumpla con garantías, la AN no puede ser sustituida".
El grupo de docentes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, de hecho, pidió en un pronunciamiento conjunto divulgado la semana pasada que los comicios fueran postergados, una opción que, sin embargo, no parece estar considerando el oficialismo, que ha insistido en la realización de las elecciones este año, como corresponde, independientemente de la pandemia de la COVID-19.
Los grupos Internacionales de Contacto y de Lima, la Unión Europea (UE), Reino Unido y EEUU presentaron a mediados de agosto un comunicado conjunto en el que llamaban a la realización de elecciones "libres" en Venezuela, una acción que el canciller del Gobierno venezolano, Jorge Arreaza, tildó de saboteo.
Antecedentes e irregularidades
Todo comenzó con la designación de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del TSJ, una labor que le correspondía a la Asamblea Nacional (AN), controlada por la oposición y encabezada por Juan Guaidó, quien es considerado como presidente interino de Venezuela por más de 50 países.
Luego, personas que habían sido expulsadas de partidos de oposición por supuestos vínculos con el Gobierno recurrieron al Supremo para pedir no solo que se anularan dichas expulsiones, sino también para solicitar la intervención de dichos partidos.
Y esta es una tarea que ya no solo adelanta el TSJ, sino también, sorpresivamente, el CNE. Hace un par de semanas, fue el propio árbitro electoral el que intervino al partido de centro Nueva Visión para mi País (Nuvipa), un hecho que, para el abogado Daniels, es contrario a la ley y viola, además, el derecho de asociación.
“La lógica es que sea un tribunal, aunque en este caso, por supuesto, el TSJ no es un tribunal imparcial”, acotó Daniels.
La capacidad de intervenir partidos no sería la única nueva potestad que tiene el Consejo Nacional Electoral. Ahora, gracias al TSJ, este organismo también puede legislar, algo que, insiste Daniels, es inconstitucional.
Así, mediante una decisión de la CNE, se aumentó -“desproporcionadamente” según los expertos- el número de diputados a elegir, que pasó de 167 a 277. También publicaron un improvisado proyecto de paridad de género dos días después de que iniciara el proceso de postulación de candidatos, y lo que ha generado mayor preocupación es que modificaron la votación de comunidades indígenas, con un nuevo reglamento con el que se les suprimió el derecho al voto directo.
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Pero no solo han generado dudas las decisiones que han tomado, sino la manera en la que lo han hecho. A la no publicación de los textos de las sentencias que ha emitido el TSJ se suman otras irregularidades como que se toman medidas sin que haya un juicio que permita escuchar a los afectados.
“Lo que hacen es que simplemente, y esa es una regla del TSJ, dictan sentencias sin escuchar a la otra parte. Ya ocurría con diputados, con la Asamblea Nacional, y ahora se ha extendido a partidos, con lo cual decir que son sentencias es decir mucho, porque una sentencia se tiene que dictar escuchando a las partes y esta no ha sido la situación”, destacó Daniels.
En los cinco años que han transcurrido desde que la oposición obtuvo mayoría calificada en el Parlamento venezolano, Acceso a la Justicia ha contabilizado 138 sentencias del TSJ en contra de la AN. Solo en siete de ellas, la AN pudo ejercer su derecho a la defensa, mientras que el 13% del total de las sentencias no han sido publicadas aún.
El régimen de Maduro ha desestimado las denuncias y ha insistido en que se medirá con sus mejores candidatos para recuperar la AN, al tiempo que ha resaltado supuestas fracturas de la oposición, que no logra ponerse de acuerdo sobre si debe participar o no en los comicios.
*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no reflejan necesariamente la política editorial de la Agencia Anadolu.
