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Colombia y Chile, las dos caras de una misma protesta en Latinoamérica

Las protestas que han vivido ambos países marcan un hito en la forma en la que las movilizaciones lograron remecer las estructuras políticas tradicionales. Aquí, un análisis sobre sus similitudes y diferencias.

Andrea Aguilar Córdoba   | 10.06.2021
Colombia y Chile, las dos caras de una misma protesta en Latinoamérica La Plaza Baquedano, en Chile (izquierda), se consolidó como el escenario de concentración de las protestas en 2019, mientras que en Colombia se vivió una situación similar en 2021, en el Monumento a los Héroes (derecha). (Sebastian Brogca / Juancho Torres - Agencia Anadolu)

CHILE

Por: Andrea Aguilar Córdoba

El monumento a Los Héroes, que en 2021 se ha consolidado como el nuevo escenario de concentración en las protestas de Bogotá, se parece a la Plaza Baquedano de 2019, en la que llegaron a concentrarse más de un millón de personas para exigir cambios en el modelo político y económico que había manejado Chile.

Ambas multitudes corean cantos en contra de sus respectivos gobiernos, piden reformas que ayuden a equilibrar la desigualdad y denuncian la violación sistemática de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden que fueron desplegadas para contener un descontento social que se ha venido gestando durante décadas.

Pero, ¿qué tan distintas son las protestas que la pandemia interrumpió en Chile hace dos años de las que se han gestado en Colombia desde hace más de un mes? Para responder esa pregunta la Agencia Anadolu habló con analistas políticos, constitucionalistas y expertos en relaciones internacionales que ahondaron en el trasfondo de ambos estallidos sociales.

La desigualdad como motor

El malestar social, que en Chile inició como una protesta estudiantil contra el aumento del precio de los pasajes del metro, en Colombia fue impulsado por el intento de implantar una reforma tributaria que afectaba el bolsillo de una clase media que no recibe ni los auxilios de los más vulnerables ni las exenciones de impuestos de los más ricos. Un movimiento del gobierno de Iván Duque que, en plena pandemia, generó el rechazo de miles de manifestantes en decenas de ciudades.

“Lo sorpresivo de Colombia es que ya ha habido dos movilizaciones durante la pandemia. Eso da cuenta de que hay un descontento muy fuerte y de que la población no ve que hay una sana convivencia entre los poderes y sienten que hay un divorcio de la élite con el sentir popular”, señala Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Esa distancia con la que las élites colombianas miran la protesta se vio reflejada en las declaraciones del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien no sabía ni siquiera cuánto costaba una canasta de huevos. Sin embargo, esta desconexión del Gobierno frente a las necesidades sociales se extiende también a Chile, en donde el Ejecutivo del presidente Sebastián Piñera ha enfrentado las críticas de varios sectores por su manejo de la pandemia y de la crisis del 2019.

Ver también: Paro nacional en Colombia, entre violaciones de derechos humanos y millonarias pérdidas económicas

“Son dos gobiernos de derecha que se vieron enfrentados a su capacidad de adaptación frente a las protestas que pusieron en evidencia la necesidad de una reforma en la Policía de ambos países y en los procedimientos que causaron denuncias de violación de derechos humanos”, señala a la Agencia Anadolu, Germán Campos-Herrera, investigador asociado del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales.

Militarización de las protestas

Una de las similitudes entre las manifestaciones que sacudieron Chile y que actualmente se siguen viviendo en Colombia fue la rápida militarización de la protesta, ya que la represión de las movilizaciones por parte de la fuerza pública comenzó a desplazar el resto de demandas sociales y puso el foco en los protocolos de los antidisturbios y los carabineros.

Sin embargo, el saldo de víctimas fatales en Colombia durante más de un mes de manifestaciones es prácticamente el doble de los 36 fallecimientos que se registraron en los cinco meses de protestas de Chile, lo que para analistas habla de unas fuerzas del orden permeadas por la lógica del conflicto armado.

“Es una fuerza pública que ha vivido mucho tiempo en conflicto, que no ha estado capacitada para actuar en un periodo de paz. Hay una tendencia muy fuerte a las prácticas militares y a que ciertos sectores tomen en sus manos el resguardo de determinadas zonas de la población. La protesta es situada prontamente en un marco de terrorismo y eso explica que hayan muchísimos más muertos en comparación con lo que ocurrió en Chile”, explica Milet a la Agencia Anadolu

Otra de las diferencias entre ambos gobiernos ha sido la disposición al diálogo para salir de las protestas y para permitir la entrada de organismos internacionales para verificar las denuncias de violaciones en derechos humanos, prácticas a las que el Ejecutivo de Sebastián Piñera se mostró más abierto que el de Iván Duque.

“El Gobierno de Piñera se ha abierto un poco más al diálogo y a buscar, por lo menos, una agenda de mínimos comunes, en contraposición al Gobierno colombiano que ha enviado señales confusas: mientras invita a un diálogo abierto, en su actuar apunta a fortalecer el pie de fuerza en las calles”, asegura Campos-Herrera.

El analista político también destaca que en Chile la cultura política tiende a ser más crítica en el desempeño de sus funcionarios y de las instituciones, lo que se evidencia en las renuncias de altos funcionarios como el exdirector de Carabineros, Mario Rozas, y el exministro del Interior, Víctor Pérez. “En el caso de Colombia eso no se ve y da la impresión de que hay una puerta giratoria y que hagan lo que hagan los funcionarios no van a tener consecuencias políticas”.

Un cambio constitucional

Si hay algo que distancia las protestas en Chile y en Colombia es el mecanismo para dar solución a las demandas de las calles. Mientras en el caso chileno la salida fue la convocatoria a un plebiscito y la elección de constituyentes para elaborar una nueva carta magna, para los colombianos el panorama parece mucho más complejo.

“En la Constitución de Pinochet, a pesar de tener ampliaciones democráticas, sigue siendo una tarea pendiente desmontar ciertas premisas y por eso se busca un cambio de Constitución. En Colombia lo que se ha venido dando es una contrarreforma desde la derecha en contra de la Constitución del 91”, asegura Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en Colombia.

González, quien promovió el pacto para la Asamblea Constituyente de 1991, asegura que la carta magna colombiana ha tenido casi un centenar de artículos reformados, todos en sentido negativo, y que si se requiere una reforma constitucional es para recuperar el espíritu y avanzar en un nuevo pacto social.

“Llevamos 30 años con la Constitución hecha por un equilibrio entre socialdemocracia y neoliberalismo, pero en el desarrollo legal ha primado este último. Por eso el paro nacional choca con esta estructura que en lugar de profundizar el estado social de derecho, ahondó en un ordenamiento neoliberal”, señala a la Agencia Anadolu.

Ver también: Las heridas que aún siguen abiertas entre los chilenos a un año del estallido social

En el caso de Colombia, la pandemia llegó a profundizar las carencias que sacaron a miles de personas a manifestarse a las calles en 2019, pero a esto se sumó la insatisfacción con respecto a cómo se ha llevado adelante el proceso de paz, y por los asesinatos sistemáticos de defensores de derechos humanos y de excombatientes.

De otro lado, Chile podría enfrentarse a un nuevo estallido social debido a las expectativas excesivas que se han puesto en la redacción de la nueva Constitución, que podría no resolver todas las demandas que se plantearon en 2019.

Actualmente hay varios países en América Latina que están dando signos de alarma en la región y podrían convertirse en nuevos estallidos sociales en América Latina. Situaciones como la que se vive en Brasil, devastado por el mal manejo de la pandemia de COVID-19, o la permanente fragilidad política de Perú, que se enfrenta a unas elecciones en las que se juega la gobernabilidad de los próximo cinco años.

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