El relator especial de la ONU sobre la independencia de los jueces, Diego García-Sayán, exhortó a las autoridades de Honduras para que implementen medidas que garanticen la independencia del sistema judicial y la separación de poderes. 

Tras finalizar una vista oficial a ese país, García-Sayán expresó los cuestionamientos de la ciudadanía hondureña al sistema de administración de justicia, a la clase política y a las instituciones del Estado.

“Problemas como la mora judicial, la corrupción, la impunidad, violaciones a los derechos humanos, la inseguridad ciudadana y la violencia son algunos de los factores que han puesto en entredicho a los operadores de justicia y al sistema político”, manifestó el relator especial de la ONU. 

Diego García-Sayán señaló que el marco normativo e institucional de Honduras presenta “contradicciones y lagunas muy graves”, pese a que sus aspectos fundamentales son coherentes con los principios de independencia judicial. “Como se encuentra no es suficiente para garantizar la independencia de la justicia”, apuntó. 

El funcionario de la ONU también le solicitó al Congreso de dicho país que considere la posibilidad de revisar el procedimiento de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general. 

“La transparencia y el escrutinio público deben orientar el proceso de selección de los altos funcionarios del poder judicial y de la fiscalía a través de procedimientos transparentes y que garanticen la participación de la sociedad con miras a examinar detenidamente la independencia, competencia e integridad de los candidatos”, expresó. 

En su paso por Honduras, García-Sayán reconoció los esfuerzos institucionales que han impulsado avances concretos. Entre ellos citó la creación de los juzgados y tribunales con competencia nacional para delitos de corrupción y contra la extorsión, además del establecimiento de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción en el Ministerio Público.

El relator especial le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, cumpla con lo dispuesto en la Ley de Protección para los defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.

Finalmente, pidió que se investigue con “diligencia e imparcialidad” y se sancionen las agresiones en contra de los trabajadores de la justicia.