La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó que la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala, que tuvo su aprobación en primer debate en el Congreso el pasado 17 de enero, podría representar una amnistía general para graves delitos cometidos en el país centroamericano. 

"Si se aprueba esta reforma, representaría un drástico retroceso para los derechos de las víctimas a la justicia y para el Estado de derecho en Guatemala. Al mismo tiempo amenazaría el progreso realizado para tratar de resolver el legado del conflicto armado interno y evitar más violencia", aseveró Bachelet. 

Dicha reforma busca extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original de la ley como genocidio, desaparición forzada y tortura. 

La iniciativa también pretende modificar el artículo 5 de esta ley con el fin de declarar la amnistía, o extinción total de la responsabilidad penal, por los delitos que, hasta la entrada en vigencia de la ley, se cometieron en el conflicto armado interno.

La reforma propone absolver a miembros de las Fuerzas Armadas, o cualquiera otra fuerza establecida por ley, que perpetraron acciones violatorias de los derechos humanos "con los fines de prevenir, impedir, perseguir o reprimir las acciones la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)".

La enmienda permitiría que individuos condenados y que purgan penas carcelarias por violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, violencia sexual y tortura, puedan obtener su libertad en menos de 24 horas. 

"En la práctica, esta reforma significaría una total impunidad para todos aquellos involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, inclusive crímenes de lesa humanidad", concluyó Bachelet.