Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura de Colombia, llegó este viernes a Bogotá donde está condenado por su participación en un caso de corrupción en la entrega de subsidios agrícolas. Además, deberá responder ante la justicia por su fuga para evadir la condena.

Arias huyó a Estados Unidos en 2014, cuando fue condenado por la Corte Suprema de Justicia. En 2016 la justicia estadounidense lo detuvo por una solicitud de extradición de la justicia colombiana, que lo condenó a 17 años y 4 meses de prisión por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros.

La extradición fue aprobada por el Gobierno estadounidense luego de que una corte de Atlanta ratificara un fallo de dos jueces de Florida que aprobaron la solicitud de la Corte Suprema de Colombia.

Este viernes, el ex ministro llegó a Bogotá en un vuelo chárter proveniente de los Estados Unidos y escoltado por un grupo de Marshals de Estados Unidos.

Migración Colombia informó que, tras realizarse el procedimiento de control migratorio y la verificación necesaria, Andrés Felipe Arias quedó a disposición “de las autoridades correspondientes”.

El caso de Andrés Felipe Arias está relacionado con un antiguo programa del gobierno de Álvaro Uribe en el que se entregaban subsidios agrícolas, llamado Agro Ingreso Seguro.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia consideró que Arias conocía sobre el fraccionamiento de predios que se podía presentar para que un terreno recibiera más de un subsidio.

El fraccionamiento afectaba los intereses de campesinos de escasos recursos a quienes iba dirigido el programa y favorecía a propietarios de grandes extensiones de tierras.

“Era tan evidente la existencia de este fraccionamiento, que desde la presentación de las propuestas podía advertirse cómo estas se referían a un mismo predio, situación que no originó reacción alguna por parte del titular de la cartera de Agricultura, porque su objetivo era ubicar los subsidios en determinados sectores”, indicó el fallo de la Corte Suprema de Justicia publicado en julio de 2014.

Los cuestionados subsidios se dieron en su mayor proporción a familias adineradas de la Costa Caribe de Colombia, que recibieron al menos COP 25.800 millones.