Una jueza ordenó prisión preventiva de cuatro meses contra la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez
La Fiscalía había pedido seis meses de detención preventiva, pero la jueza determinó que ese tiempo era excesivo para el período de investigación.

BOGOTÁ, Colombia
La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez; el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, y el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, fueron acusados de sedición, conspiración y terrorismo y enviados a prisión en la noche del pasado domingo. La detención es de carácter preventivo, por cuatros meses.
En una audiencia virtual que duró poco más de nueve horas, la jueza de instrucción cautelar en lo penal de la ciudad de La Paz, Regina Santa Cruz, dictó la detención preventiva de la expresidenta en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras que los exministros fueron remitidos a la cárcel de San Pedro. La autoridad judicial consideró que hay riesgos procesales de fuga y obstaculización.
De acuerdo con la Fiscalía existen indicios de que los acusados están involucrados en actos sediciosos y conspirativos con relación a las elecciones presidenciales de 2019.
“Estos hechos sediciosos y conspirativos, que fueron concatenados y ordenados, impidieron que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna y que sus directivas camarales actúen normalmente, más por el contrario, las personas hoy denunciadas comenzaron persecuciones y efectuaron una serie sistemática de amedrentamientos para que autoridades electas constitucionalmente se vean forzadas a renunciar”, aseveró el ministerio público en la imputación de cargos.
“De esta manera posibilitaron que la Segunda Vicepresidenta del Senado asumiera la Presidencia (Áñez) de nuestro país de una forma amañada. Los hechos de violencia y sedición tenían el propósito de consolidar la imposición ilegal e ilegítima de un nuevo Gobierno contrario al orden constitucional, esto a la cabeza de Jeanine Áñez”, agregó.
Al conocer la orden de la jueza, la expresidenta aseguró en sus redes sociales: "Como hemos denunciado, el MAS (partido oficialista Movimiento al Socialismo) decide y el sistema judicial obedece: me envían cuatro meses detenida para esperar el juicio por un 'golpe' que nunca ocurrió. Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor".
En 2019, se desató un crisis social y política tras las elecciones generales del 20 de octubre en Bolivia. El entonces presidente Evo Morales fue acusado de fraude electoral por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición política del país, se produjeron protestas civiles durante tres semanas hasta que el 10 de noviembre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, le sugirió al jefe de Estado que renunciara a su mandato presidencial.
Morales lo hizo y el 11 de noviembre la senadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia, lo que generaría otra oleada de manifestaciones sociales contra el nuevo Gobierno.
El 15 de noviembre, en el desarrollo de intervenciones militares destinadas a controlar las protestas, murieron 11 civiles y otros 120 resultaron heridos en Sacaba (Cochabamba). El 19 de noviembre, en Senkata (El Alto), hubo otros 11 civiles muertos y 78 heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó estos acontecimientos como masacres.
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