El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que según él podría llevar a una reforma significativa para el orden público después de semanas de agitación por el fatal arresto de George Floyd.

Floyd, un afroamericano de 46 años, murió bajo custodia policial después de que un policía blanco se arrodilló sobre su cuello durante casi nueve minutos en Minneapolis, Minnesota. Desde entonces, la ciudad prohibió la asfixia y la mayoría del Consejo de la Ciudad ha expresado su deseo de desmantelar todo el cuerpo de la Policía.

Trump señaló desde el Jardín de la Rosa que había acabado de hablar con las familias de aquellos que han perdido a sus seres queridos en encuentros con la Policía y agregó: “no me puedo imaginar su dolor o la profundidad de su angustia, pero les puedo prometer que lucharé por la justicia para nuestro pueblo”.

“Para poder lograr un progreso real frente a la seguridad pública, debemos romper con los antiguos patrones de fracaso”, añadió el mandatario estadounidense.

El presidente señaló que su orden evitará que los policías hagan uso del estrangulamiento “excepto si la vida de un oficial está en riesgo”, como parte de un esfuerzo más amplio para incentivar a los departamentos de Policía a adoptar estándares a nivel nacional. Aquellos que quieran ser certificados por órganos de acreditación independientes podrían ser elegibles para recibir garantías de justicia bajo la orden de Trump.

“Estos estándares serán tan altos y tan fuertes como los que hay en la tierra. La gran mayoría de los policías son servidores públicos desinteresados y valientes. Son grandes hombres y mujeres”, señaló Trump al describir su orden, que fue firmada en compañía de oficiales, como una alternativa a las crecientes exigencias de congelar los fondos o desmantelar los departamentos de Policía.

Trump ha buscado proyectarse a sí mismo como el presidente de “la ley y el orden” en medio de las protestas, criticando enérgicamente la violencia y los saqueos que se han presentado ocasionalmente entre las protestas que en su mayoría han sido pacíficas.

Además de fomentar estándares de políticas nacionales, la orden de Trump crearía una base de datos para rastrear a los oficiales con numerosas quejas de uso excesivo de la fuerza para que no puedan ser transferidos entre departamentos con facilidad sin que los registros estén completamente disponibles.

Alentaría a los departamentos de Policía a adoptar lo que se conocería como “programas de corresponsabilidad”, que implican que los trabajadores sociales acompañen a los funcionarios que responden a las llamadas no violentas para ayudarlos mejor en situaciones que involucran enfermedades mentales, personas sin hogar y adicciones.

Los demócratas, sin embargo, no se dejaron llevar por el anuncio de Trump después de revelar su plan la semana pasada para reformar el orden público.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que la orden “modesta” de Trump no “compensa sus años de retórica incendiaria y políticas diseñadas para revertir el progreso realizado en años anteriores”.

“Esta orden ejecutiva no brindará el cambio significativo integral y la responsabilidad en los departamentos de Policía de nuestra nación que los estadounidenses están exigiendo”, dijo el demócrata de alto rango del Senado en un comunicado. “El Congreso necesita aprobar rápidamente una legislación fuerte y audaz con disposiciones que faciliten responsabilizar a los agentes de policía por abusos”.

El paquete de reformas anunciado por los demócratas de la Cámara y el Senado, conocido como la Ley de Justicia en Tácticas Policiales, va mucho más allá de la acción del presidente.

La legislación radical, encabezada por el Caucus Negro del Congreso, traería consigo una reforma masiva a la Policía en caso de ser aprobada. Entre sus disposiciones están la prohibición de estrangulamientos, la creación de una base de datos federal para rastrear la mala conducta de la policía y el uso obligatorio de cámaras corporales en todo el país.

También reduciría significativamente lo que se conoce como inmunidad calificada, un marco legal que tiene un umbral muy alto para enjuiciar a los oficiales acusados ​​de mala conducta. Los críticos y los manifestantes dicen que esto hace casi imposible responsabilizar a la Policía ante los tribunales.

*Daniela Mendoza contribuyó con la redacción de esta nota.