El cadáver del dictador Francisco Franco se encuentra en un mausoleo construido para las víctimas de la Guerra Civil Española. Más de 12.000 cuerpos de ambos bandos, la gran mayoría sin identificar, están enterrados en el Valle de los Caídos, un monumento que desde la Transición española ha sido objeto de controversia.

Tras meses de polémica, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el decreto ley para exhumar los restos del caudillo. El decreto Ley ha contado con el apoyo de todos los grupos del Gobierno, la abstención de Ciudadanos y un recurso del Partido Popular que ya ha presentado al Tribunal Constitucional para frenar la exhumación.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, el cuerpo del dictador será trasladado a finales de año.

El gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido finalmente sortear todos los obstáculos. En primer lugar, la Iglesia Católica, institución clave para decidir sobre la momia del dictador, ha dado vía libre a la exhumación en un escenario de consenso con el Gobierno para el que los cristianos socialistas y algunos miembros de la Conferencia Episcopal han sido imprescindibles.

En segundo lugar, la familia del dictador. Serán sus nietos quienes tengan que hacerse cargo de la exhumación del cadáver y de elegir, con el beneplácito del Gobierno, el lugar donde acaben los restos de Franco. La familia ya ha anunciado que será en el cementerio de la Almudena, donde yace el cuerpo de la mujer del caudillo. Pese a ello, tienen 15 días para presentar una alegación al decreto ley aprobado.

La decisión se fundamenta en el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica. Aprobada en 2007, obliga a reconocer a todas las víctimas de la guerra civil y de la posterior dictadura del general Franco.

La exhumación del cadáver ha sembrado la polémica más allá de los tribunales y las cámaras legislativas. Miles de españoles que hasta ahora no se habían pronunciado se han manifestado en varias ocasiones frente al mausoleo para reivindicar su rechazo a la propuesta del Gobierno de Sánchez. Bajo lemas como “Viva Franco” o “Arriba España”, las heridas de la Guerra Civil se han reabierto y han hecho visible a una parte de la población que sigue defendiendo los ideales de la dictadura.

El traslado del cadáver no tendrá grandes costos y correrán a cargo de la familia del general. Ahora la pregunta que muchos se hacen es qué pasará con los 12.000 cuerpos que siguen enterrados en un mausoleo que compró Franco en 1940, que está a cargo de una fundación religiosa que se niega a mostrar las subvenciones que recibe y que ha iniciado un hundimiento imparable, debido a los materiales defectuosos con los que se construyó.

La reparación costaría millones de euros y la recolocación e identificación de los cuerpos, colocados en fosas caóticas, sumaría una cantidad que muchos españoles no están dispuestos a asumir.