Por: Diego Carranza
A mediados de diciembre, la Asamblea General de la ONU adoptó formalmente la nueva herramienta para proteger los derechos más básicos de la población rural, la ‘Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales’.
En la votación para aprobar esta medida, el pasado 17 de diciembre, 121 Estados votaron a favor, 54 se abstuvieron y ocho (Australia, Guatemala, Hungría, Israel, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos) votaron en contra.
Entre los países que se abstuvieron de votar está Colombia, un país en el que hay cerca de 5 o 6 millones de campesinos y más del 30% de la población (entre 12 y 15 millones de personas) tiene algún tipo de vínculo productivo o cultural con el campo.
La postura del Estado colombiano se mantuvo desde que el proyecto de resolución fue considerado y sometido a votación en la Tercera Comisión de la Asamblea General el 19 de noviembre de 2018. La Agencia Anadolu consultó a las autoridades colombianas para conocer los pormenores de su decisión.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una comunicación del 19 de diciembre, “la posición de Colombia obró en consonancia con el concepto técnico sectorial allegado al Ministerio del Relaciones Exteriores el 17 de noviembre, para cuya elaboración fueron consultadas diversas Entidades del Estado, y en el que se propone que “[…] el pronunciamiento de Colombia sea de abstención. En consecuencia, la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, en Nueva York, fue instruida en ese sentido el 19 de noviembre de 2018”.
En otra nota oficial, con fecha del 26 de diciembre, la Cancillería señaló que dicha posición “obró en consonancia con el concepto técnico (…) elaborado bajo el liderazgo del Ministerio del Interior”. Además, notificó parte de los argumentos que sustentan la determinación.
Según esta cartera, la Declaración “implica una serie de consideraciones técnicas que no se aplican al Estado colombiano, como por ejemplo que algunos elementos de la Declaración van en contravía de obligaciones contraídas por los Estados en virtud de acuerdos comerciales y de propiedad intelectual; entre otros”.
Asimismo, explica que “los derechos colectivos que reconoce la Declaración exceden y trascienden la legislación colombiana” y que “el concepto de campesino y trabajador rural es sumamente amplio, y difícilmente se define de la misma manera en las legislaciones internas de los diferentes Estados”.
El Gobierno colombiano recalcó que dicho proceso de análisis del contenido de la Declaración se realizó con la participación de los ministerios de Exteriores; Agricultura y Desarrollo Rural; Minas y Energía; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Cultura; la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales; la Agencia Nacional de Tierras; y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el liderazgo del Ministerio del Interior.
Además, subrayó que es importante aclarar que el voto de abstención no significa un rechazo a la declaración, sino que “simplemente denota reservas” frente a algunos apartes de su contenido. “Esta postura advierte que persisten áreas en los que la Declaración, la política del Gobierno Nacional y la capacidad del Estado aún deben converger”, concluyó.
La decisión de Colombia y la adopción de la Declaración generó la reacción de expertos y organizaciones de la sociedad civil. Miguel Ángel Julio, investigador en temas de ambiente, campesinado y posconflicto, aseguró enfáticamente que “sin lugar a dudas estamos frente a un craso error del Gobierno, porque abstenerse de firmar la declaratoria de carácter internacional solamente muestra la clara voluntad de este Gobierno en seguir invisibilizando al campesinado colombiano”.
Julio aclaró que cuando habla de “campesinado colombiano”, se refiere a una categoría sociológica que es muy diversa y pone en un mismo escenario a diferentes realidades nacionales, una “diversidad que ha hecho que se configure una ambigua postura por parte del Gobierno al justamente decir que no es clara esta categoría en el escenario internacional”.
Pero también, añadió, es una postura consecuente con lo que ha sido la historia reciente de la postura oficial (no solo del gobierno de Iván Duque sino del Estado colombiano) sobre el campesinado y con el “desconocimiento del momento histórico que vive el país” en materia del cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana, teniendo en cuenta el punto 1 de la Agenda, de reforma rural integral.
“No podemos pensar en hablar de una reforma rural en el país sin tener en cuenta al campesinado como un sujeto colectivo de derechos (…)”, concluyó.
Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de la asociación Dignidad Agropecuaria Colombiana, indicó que “es muy bueno saber que esa es la explicación, entre otras cosas, para que muchos en el país logren comprender que el problema principal aquí es un problema de mercado”.
Según el dirigente gremial, el que la declaratoria vaya más allá de obligaciones estatales contraídas en virtud de acuerdos comerciales significa que “cualquier protección de derechos en cuanto a mercado están perdidos, porque los TLC en estos tratados son pérdida de derechos sobre mercado interno, soberanía nacional y soberanía alimentaria”.
"Es muy grave que el Gobierno, con ese argumento de que (los mencionados derechos colectivos) van más allá de la Constitución, los niegue. Y más grave aún es que los niegue, entendiendo que los TLC violaron flagrantemente la Constitución colombiana y el Gobierno alegue que no suscribe esa declaración de la ONU porque se violan ciertos acuerdos internacionales. Es grave por ambos lados, por el lado de la Constitución y por el tema de haberles dado reconocimiento a los TLC por encima de la Constitución Nacional", concluyó Gutiérrez.
Al momento de esta publicación, el Ministerio del Interior no había ratificado su posición, pues en una primera comunicación indicó que este asunto no era de su competencia.
