La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles 7 de julio las observaciones y recomendaciones después de su visita de trabajo a Colombia en junio, en el marco de la protesta social que se ha desarrollado en el país.

A través de una conferencia de prensa virtual, la CIDH habló sobre las principales preocupaciones en el manejo de la movilización social por parte de las autoridades colombianas, como el uso desproporcionado de la fuerza; la violencia basada en género; la violencia étnico-racial; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas; irregularidades en los traslados por desaparición, el uso de la asistencia militar, y las facultades de la jurisdicción penal militar.

La visita de trabajo de la Comisión al país suramericano se llevó a cabo del 8 al 10 de junio, a fin de investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y obstáculos para garantizar la protesta social durante el paro nacional, que inició el pasado 28 de abril en contra de una reforma tributaria planteada por administración del presidente Iván Duque.

Durante la conferencia de presentación del informe, presidido por la presidenta de la Comisión, Antonia Urrejola, también se anunció la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia para continuar monitoreando el desarrollo de las protestas sociales y brindar asistencia técnica al Estado en el seguimiento de las recomendaciones.

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Al respecto, el Gobierno de Colombia rechazó la creación del mecanismo de seguimiento y reiteró que el Estado cuenta con una "institucionalidad robusta y sólida, basada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de comunicado.

“El Estado se aparta de algunas consideraciones expuestas por la CIDH, a la vez que expresa la necesidad de que todas las organizaciones de derechos humanos tengan muy en cuenta la responsabilidad que conllevan sus pronunciamientos, en medio de la inestabilidad que afrontan algunas naciones, derivada de la crisis de la economía, el empleo y la salud pública, acarreada por la pandemia del COVID-19”, señaló el Ministerio.

Como primer punto de la presentación del documento, la Comisión manifestó su preocupación por las inconsistencias en las cifras registradas por las distintas entidades del Estado, así como por las disparidades presentadas entre los números reportados por éstas y aquellos que han resultado de los hechos documentados por la sociedad civil, "principalmente en relación con víctimas fatales y con personas desaparecidas”.

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, entre el 28 de abril y el 5 de junio se registraron 51 personas fallecidas. De estas, 21 habrían sucedido en el marco de las protestas, 11 hechos se encontraban en proceso de verificación y 19 habrían sucedido en el lapso de las jornadas del paro nacional pero no en el contexto de protestas. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales informó que, entre el 28 de abril y el 13 de junio, se presentaron 1.113 personas civiles lesionadas.

En la visita de campo de la CIDH, la ONG colombiana Temblores sin embargo presentó un informe sobre la existencia de 4.687 casos de violencia policial. A su vez, suministró un registro de 73 personas fallecidas en el marco de las protestas, de las cuales, 44 estarían presuntamente relacionados con el accionar de la fuerza pública y 29 están en proceso de verificación.

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Por su parte, las organizaciones que conforman la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas denunciaron el fallecimiento de 84 personas en el marco de las manifestaciones. En 28 de estos casos estarían involucrados integrantes de la Policía como posibles responsables, siete serían atribuibles a personas de civil sin identificar, en 43 no se ha identificado a los autores y 14 se encontrarían en proceso de verificación.

La CIDH estimó que el manejo de registros e hipótesis tan dispares sobre las personas fallecidas y lesionadas en el marco de las protestas genera un obstáculo en el acceso a la justicia de las personas que alegan ser víctimas de violaciones de derechos humanos. “En cualquier escenario, la dimensión de las cifras reflejadas en los distintos reportes, en términos de pérdidas de vidas humanas, resulta de extrema preocupación para la Comisión y la condena de manera enfática”, señaló.

La Comisión exhortó a las instituciones colombianas a respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población. Entre otras recomendaciones precisó:

1. Promover el estándar interamericano según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra las personas que participan de las manifestaciones y protestas.

2. Elaborar y aprobar una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta en Colombia, de acuerdo con lo dictado por la Corte Suprema y en conformidad a los estándares internacionales en la materia.

3. Ejecutar, en el marco de las protestas y manifestaciones, los operativos de seguridad con estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y en cumplimiento a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales.

4. Asegurar que las fuerzas de seguridad que intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones y protestas tengan como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas, absteniéndose de detener arbitrariamente a manifestantes o de violar sus derechos en cualquier otra forma, de acuerdo con los protocolos vigentes.

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5. Implementar, de manera inmediata, mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas.

6. Reforzar y reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo un enfoque étnico-racial y de género.

7. En ámbitos de formación, usar protocolos de actuación y creación de mecanismos de rendición de cuentas, que promuevan que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) cumpla funciones de garantía del orden público y el ejercicio del derecho a la protesta.

8. Separar a la Policía Nacional y su Esmad del Ministerio de Defensa, a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad y evite toda posibilidad de perspectivas militares.

9. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado, por medio de la investigación, de forma imparcial, exhaustiva y expedita de las denuncias de violación de derechos humanos. Lo mismo que juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.

10. Sistematizar los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género como consecuencia de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y articulada con la información brindada por la sociedad civil.

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Manifestantes realizaron un plantón frente al Congreso de Colombia en el que recordaron a los muertos en las protestas con coronas fúnebres

Un grupo de manifestantes se expresó con coronas fúnebres como tributo a las personas asesinadas durante las protestas contra el Gobierno de Colombia en el marco del paro nacional. El plantón se realizó al frente del Congreso cuando se cumplía en el Senado una sesión de la moción de censura contra el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en la Plaza de Bolívar de Bogotá el 24 de mayo de 2021.

11. Proveer y coordinar con urgencia programas de reparación integral a las víctimas, especialmente en aquellos casos en la que agentes de seguridad del Estado incurrieron en actos de violencia sexual como mecanismo de tortura y provocaron traumas oculares con la finalidad de ejercer control sobre las personas manifestantes.

En respuesta a lo anterior, el Ejecutivo estimó que la preocupación de la CIDH acerca del enfoque militar de la Policía resulta ajena al contenido sustantivo y orgánico de la Constitución Política de Colombia, según la cual es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil.

La CIDH indicó que las observaciones y recomendaciones están basadas en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con relación al derecho a la protesta, el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia sexual y de género, el enfoque étnico-racial, el uso de la figura de traslado de protección y desaparición de personas, el uso de facultades disciplinarias, asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar, la protección a periodistas y la libertad de expresión, entre otros.