El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se defendió de críticas a su gestión por no evitar la marcha del pasado 8 de marzo en el país, en medio de la emergencia por el coronavirus COVID-19.

En respuesta a un cuestionamiento de los diputados Beatriz Fanjul, María de los Llanos de Luna y Carlos Rojas (del Grupo Parlamentario Popular) en el Congreso español, el jefe del Ejecutivo dijo que científicos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) no podían “adelantarse a los hechos” y que la declaratoria de pandemia global llegó apenas el 11 de marzo.

En su exposición en el parlamento, los diputados opositores cuestionaban si el Ejecutivo había tomado alguna decisión “de carácter político” a lo largo de la crisis sanitaria.

“¿Valora el Gobierno de España cesar a los científicos que ‘presumiblemente’ debemos entender que les aconsejaron celebrar las manifestaciones del 8-M por toda España con el importante riesgo para la salud que las mismas constituyeron?”, preguntaron.

Igualmente, preguntaron “qué decisiones científicas permitieron al Gobierno no hacer caso del resto de alertas enviadas por la UE o la OMS para evitar la celebración de actos masivos en las primeras semanas de marzo”.

Ver también: España registró casi 38.000 casos de coronavirus durante el último fin de semana.

Entre tanto, el Gobierno español confirmó que no prorrogará el estado de alarma en la Comunidad de Madrid después de que finalice el sábado 24 de octubre y que analiza un toque de queda en todo el país.

Tras un Consejo de Ministros que tuvo lugar este martes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, notificó que “aunque han sido 21 días de medidas muy estrictas en la comunidad (de Madrid), se ha visto que tienen un efecto y que los contagios han bajado”.

Igualmente, confirmó que el Ejecutivo aceptó estudiar con todas las comunidades autónomas un toque de queda para evitar la propagación del virus. No obstante, aclaró que una medida así necesitaría la declaración del estado de alarma en los territorios afectados.

“Para adoptar esta restricción, es necesario el estado de alarma, por lo que vamos a analizarlo (…) Se deberían tener los apoyos necesarios en el Congreso si se tuviera que prorrogar”, aseveró.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó la compra anticipada de vacunas contra la COVID-19.

Así las cosas, el país espera recibir 31,5 millones de dosis, de las cuales 3,1 millones llegarán en diciembre próximo si el medicamento de la farmacéutica AstraZeneca supera todos los requerimientos de seguridad.

Illa precisó que los 31,5 millones de vacunas, de doble dosis, llegarán diciembre de este año y julio del año próximo.

De esta manera, el Ministerio de Sanidad concretará para España los términos de un acuerdo formal de compra, suscrito el pasado 27 agosto, entre la Comisión Europea, en representación de los Estados miembros, y esta farmacéutica.

El Ministerio recordó en un comunicado que dicho acuerdo establecía la adquisición para Europa de 300 millones de dosis por un coste total de EUR 870 millones, con un pago adelantado por la Comisión de EUR 336 millones.

El precio total de cada dosis sería, por tanto, de EUR 2,90, de los que 1,12 serán pagados por la Comisión y 1,78 por los países, “importe que puede incrementarse un 20%”.

Cabe destacar que esta vacuna requiere dos dosis por inmunización, por lo que el número de inmunizaciones es la mitad de las dosis y el coste total por inmunización es de EUR 5,80, de los que EUR 3,56 le corresponderán a cada estado miembro.

España registra actualmente 1.029.668 casos positivos de COVID-19 y 34.210 fallecimientos, siendo la Comunidad de Madrid la región más golpeada por la pandemia.