La Defensoría del Pueblo en Colombia rechazó este miércoles el acto de violencia sexual contra una niña de 13 años perteneciente a la comunidad indígena embera katío, perpetrado por miembros del Ejército en el departamento de Risaralda, en el centro-oeste de Colombia.

“Dolor absoluto y rechazo total ante violencia sexual contra la menor de edad de comunidad indígena en Risaralda”, dijo este miércoles el defensor del Pueblo, Carlos Negret, en una rueda de prensa.

El hecho habría ocurrido en un sitio cercano a un colegio ubicado en el corregimiento de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico, donde siete militares adscritos al batallón San Mateo de Pereira habrían violado a la menor de edad, según lo señaló Juan De Dios Queragama, gobernador indígena del resguardo Gitó Dokabú.

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“A la niña la violaron en la escuela Pío XXII en el corregimiento de Santa Cecilia, la que se encuentra ubicada a unos 20 minutos, sitio que queda cerca a la montaña”, dijo Queragama.

La Fiscalía General de Colombia anunció, pocas horas después de que se hiciera pública la denuncia, que asumió la investigación y ya recopila información en la región donde habría ocurrido el crimen el pasado 22 de junio.

Además, el CTI de la Fiscalía, la Comisaría de Infancia y Adolescencia, entre otras entidades estatales, anunciaron que ya adelantan sus labores para ayudar a la niña y su familia.

Sobre el caso también se pronunció el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien a través de las redes sociales dijo: "De la mayor gravedad y completamente reprochable abuso sexual a niña indígena por parte de soldados... Di instrucción a @COL_EJERCITO para tomar medidas correspondientes y colaborar a @FiscaliaCol en investigación. Los responsables merecen una sanción severa".

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Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante de la Quinta División del Ejército, aseguró en una rueda de prensa que inmediatamente después de conocer los hechos pusieron en marcha los protocolos correspondientes. Aseguró que, como institución, están prestos a cumplir todos los requerimientos de la justicia.

Según el comandante militar los señalados son jóvenes que están prestando su servicio militar obligatorio y les quedan seis meses de servicio. Añadió que los siete jóvenes y todo su pelotón, que son más de 30 personas, fueron relevados de sus funciones en la zona.