Por: Francisco Seminario

El muro fronterizo, que según había afirmado el presidente Donald Trump debía ser financiado por el gobierno de México, se levantará parcialmente con recursos del Pentágono que estaban previstos para otros fines, una decisión que desató de inmediato un fuerte debate político en la capital norteamericana.

Según anunció este miércoles el Departamento de Defensa, los fondos que redireccionará para el muro ascienden a USD 3.600 millones que el Congreso estadounidense había aprobado para 127 proyectos de inversión en 23 Estados, 3 territorios asociados y 19 países aliados en los que Estados Unidos tiene intereses defensivos o mantiene presencia militar.

Esto incluía tanto comedores para el personal militar como polígonos de tiro, escuelas, simuladores de vuelo, hangares y un centro de ciberoperaciones en Virginia, entre otros. Todos estos proyectos deberán ser postergados, a menos que se les otorgue nuevo financiamiento, algo que parece improbable.

El mayor impacto se sentirá en Puerto Rico, donde el desvío de fondos será de unos USD 400 millones y afectará proyectos vinculados a las tareas de reconstrucción luego del devastador paso del huracán María, dos años atrás. Buena parte de la infraestructura de la isla quedó seriamente dañada por el temporal, que además dejó un saldo de más de 3.000 víctimas mortales.

De acuerdo con el anuncio y la información recogida por medios locales, los recursos del Pentágono se concentrarán en 11 proyectos a lo largo de unos 300 kilómetros de la frontera con México en los Estados de Arizona, Nuevo Mexico y Texas. La justificación es la situación de “emergencia para la seguridad nacional”, que el presidente Trump declaró en febrero pasado, y las tareas incluyen la construcción de tramos nuevos de la muralla como así también la reparación o reemplazo de algunos segmentos del vallado.

La decisión de utilizar partidas presupuestales destinadas a otros fines fue rechazada, con diferentes matices, tanto por legisladores de la oposición como del oficialismo, que interpretaron la medida como un intento por parte de la Casa Blanca de eludir el mandato constitucional que tiene el Congreso de definir los gastos del gobierno.

Las protestas más airadas provinieron de la bancada demócrata en el Congreso, que le recordaron a Trump su promesa de que sería México el que pagaría por el muro, “no los militares y sus familias”. Según el representante Steny Hoyer, de Maryland, lo que la Casa Blanca le ordenó hacer al Pentágono representa “una subversión de la voluntad de los norteamericanos y sus representantes”.

A su vez, los senadores demócratas Tim Kaine y Mark Warner, de Virginia, denunciaron que el desvío de fondos para levantar el muro afectará a cuatro proyectos en su Estado, por casi USD 80 millones. “La decisión del presidente de redireccionar financiamiento dirigido a apoyar intereses de seguridad de Estados Unidos para poder construir una pared en la frontera sólo nos vuelve más vulnerables”, declaró Warner.

Dos senadores republicanos, Mitt Romney y Mike Lee, ambos por el Estado de Utah, se sumaron a las críticas y cuestionaron en duros términos el avasallamiento de las atribuciones del Congreso, aunque coincidieron en que la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos debe ser reforzada.

“El Ejecutivo debe usar los canales apropiados, en lugar de desviar recursos aprobados para proyectos de construcción militares y por tanto afectando la preparación militar”, indicaron en un comunicado conjunto. Su estado se verá afectado por el desvío de fondos ya que al menos dos proyectos previstos allí figuran en el listado del Pentágono.

El muro fronterizo fue desde un principio un proyecto polémico. Trump se comprometió a levantarlo cuando era candidato durante la pasada campaña presidencial, pero la construcción está lejos de ser una realidad.

Más aún, con la Cámara de Representantes en manos de los demócratas es altamente improbable que el mandatario obtenga los fondos que pretende para la obra, ya que la oposición rechaza la idea de que exista una verdadera emergencia en la frontera y cuestiona la utilidad de una valla semejante para darle solución al problema de la inmigración ilegal.

En la capital norteamericana se especula con que la discusión podría contaminar los próximos debates legislativos y, más inmediatamente, el otorgamiento de recursos para el funcionamiento del gobierno federal. Se estima que si esos fondos no son aprobados por el Congreso, podría haber de nuevo lo que se conoce como “shut down”, o cierre parcial del Estado central, tan pronto como en octubre próximo.