Congresistas de EEUU piden sanciones para funcionarios vinculados a casos de corrupción en Centroamérica

Por: Carmen Rodríguez

Entre el lunes y el martes pasado se filtraron varias páginas de un reporte sobre corrupción y funcionarios corruptos de los tres países del Triángulo Norte que había sido solicitado por la congresista Norma Torres. La lista incluye a la secretaria de la presidencia del gobierno salvadoreño y a varios diputados de los tres países. Algunos de los funcionarios mencionados todavía ejercen cargos públicos.

“En el informe que solicité, que ahora es público, el gobierno de Estados Unidos reconoce la corrupción que los autoritarios centroamericanos y sus secuaces niegan y tratan de ocultar. La verdad es que ya sabemos que los gobiernos centroamericanos están plagados de funcionarios corruptos que cerraron mecanismos anticorrupción, que continúan interfiriendo con las investigaciones independientes y bloqueando los órganos de supervisión”, dijo la congresista en un comunicado oficial.

Y es que, desde el último trimestre del año pasado, poco después de que se confirmara la derrota del expresidente Donald Trump, algunos demócratas empezaron a tener un discurso más frontal hacia estos tres gobiernos centroamericanos. La corrupción en la relación Estados Unidos-Centroamérica ha sido en los últimos años la piedra en el zapato, especialmente de las administraciones demócratas, y la congresista Torres, de origen guatemalteco, ha hecho suya la lucha contra este problema desde 2018.

“Esa es exactamente la razón por la que esta lista es tan importante: después de cuatro años de negligencia bajo la administración anterior, públicamente avisa a estos actores y promueve la perspectiva de la rendición de cuentas”, señaló Torres.

En diciembre del año pasado, el Congreso aprobó la iniciativa de Torres de recortar el presupuesto de apoyo financiero para los ejércitos de los tres países. Además, aprobó la enmienda de una ley que manda al Departamento de Estado publicar una lista más con nombres de funcionarios, oficiales de gobierno, empleados de las estatales o particulares que participaron o cometieron actos de corrupción.

Se espera que este otro documento sea publicado en junio. El documento parcial publicado esta semana servirá para que el Comité de Asuntos Extranjeros, del que Torres es parte, analice más recortes a la cooperación técnica y financiera para los tres países. Pero, además, ambos documentos servirán para dar un escarmiento público a los que resulten involucrados en las listas de corruptos, pues tanto el Departamento de Estado como el Departamento del Tesoro han advertido que Estados Unido impondrá sanciones.

“El apoyo solo debe ir a instituciones y funcionarios que estén verdaderamente comprometidos con el estado de derecho; cualquiera que intente enriquecerse debería pensarlo dos veces si espera asociarse con nosotros. Seré implacable en exigir la rendición de cuentas de nuestro gobierno: si sabemos que alguien es corrupto, espero que nuestro gobierno use todas las palancas a nuestra disposición, incluidas las sanciones, las restricciones de visa, la retención de apoyo para disuadir futuros actos de corrupción y el desmantelamiento de los sistemas que permiten que ocurra la corrupción”, acotó la congresista.

Además de Torres, los senadores Patric Leahy, presidente interino del Senado y el copresidente del Comité de Asuntos Exteriores, Albio Sires y Bob Méndez, también de este comité, le han expresado públicamente y le han pedido a la Casa Blanca que actúe firmemente en contra de las actitudes autoritarias del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y ante la falta de respuesta contra la corrupción de los gobiernos de Honduras y Guatemala.

Las críticas de senadores y congresistas estadounidenses en contra del presidente salvadoreño arreciaron después de que los diputados oficialistas destituyeran y nombraran de facto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, aún en contra de la oposición de la embajada de Estados Unidos en El Salvador.

“La Administración Biden y el Congreso de Estados Unidos deben evaluar nuestras relaciones con estos gobiernos que son la antítesis de socios creíbles y reafirmar nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos del pueblo centroamericano”, señaló Leahy en un comunicado oficial que fue publicado pocas horas antes de la publicación del documento con los nombres de los funcionarios señalados por corrupción.

Centroamérica y la Casa Blanca

La política exterior de Estados Unidos hacia los tres países de Centroamérica cambió radicalmente con la llegada de Biden a la Casa Blanca.

Durante la Administración Trump, los gobiernos de Honduras y Guatemala desmantelaron dos organismos que se habían creado con el apoyo del gobierno de Barack Obama para combatir la corrupción, y en El Salvador el presidente Nayib Bukele cerró hace un mes toda posibilidad de que el organismo anticorrupción, creado para complacer a Estados Unidos, tenga las herramientas para combatir ese problema en el país.

Biden nombró a Ricardo Zúñiga como enviado especial para esa región y a la vicepresidenta, Kamala Harris, al frente de una fuerza de trabajo que se enfoca en atacar las causas y raíces de la migración en el Triángulo Norte, entre las que figura el grave problema de corrupción en la región. Sin embargo, los planes Biden no fueron bien aceptados por los tres gobiernos centroamericanos y, en consecuencia, Estados Unidos intenta enfocar ahora su trabajo apoyándose en organizaciones civiles y en el sector privado.

“La Administración Biden está enfocada en las críticas a los gobiernos y está buscando hacer alianzas no gubernamentales para implementar sus estrategias en la región. Esto indica que la Administración no quiere trabajar con los gobiernos, atacando ampliamente a los gobiernos por este problema. Se está enfocando en trabajar más con aliados de la sociedad civil para implementar sus políticas”, dijo Raúl Hinojosa Ojeda, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y director del Departamento de Asuntos Latinos.

Este lunes, la vicepresidenta Harris se reunió con los senadores del Caucus Hispano, el grupo de miembros del Congreso de origen latino, para el tema de Centroamérica y las causas de la migración. Uno de los puntos que trataron en la reunión fue el referente a un fondo de USD 4 mil millones que la Administración Biden pretende destinar a los tres países para combatir las causas de la migración, pero que los senadores se oponen a que se entregue directamente a los gobiernos o a funcionarios de los gobiernos.

La negativa de entregar más cooperación económica a los gabinetes centroamericanos tiene mucho que ver con las serias acusaciones de corrupción de varios funcionarios y las numerosas denuncias por violaciones a derechos humanos que pesan, especialmente, sobre los presidente de Honduras y de El Salvador.

Reacciones en Centroamérica

La publicación parcial del documento con los nombres de funcionarios señalados por Estados Unidos por actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico causó reacciones encontradas. Las expectativas eran grandes desde que en enero pasado se supo que la congresista Torres solicitó el reporte a los Departamentos del Tesoro y del Estado, y a raíz de la famosa Lista Engel, que será publicada en junio.

“Existía una gran expectativa en las listas que ha anunciado Estados Unidos. Lo que se ha publicado generó mucha frustración en cuanto a que se pensó que fueron señalados grandes funcionarios públicos, empezando por el presidente Juan Orlando Hernández, diputados que han estado involucrados en casos de corrupción, que fueron judicializados”, dijo Gustavo Irías, director ejecutivo de CESPAD.

Pero no todos los nombres que aparecieron en las listas de los tres países sorprendieron a los centroamericanos. Y ahora algunos sectores de la sociedad civil y de organizaciones esperan las sanciones que imponga Estados Unidos.

“El conocimiento público de esta primera lista es importante. Ahora se puede hablar de correctivos importantes. Hay personas que se han sentido decepcionadas porque querían una lista larga”, señaló Napoleón Campos, analista político y exdiplomático de El Salvador.

“Pero se ha dejado sentado por primera vez en la historia bilateral una decisión que atiende a los compromisos de ambos países para enfocar estas conductas ilícitas, sean de narco, de violaciones a derechos humanos”, concluyó Campos.