La Defensoría de los Derechos de la Niñez de Chile anunció que remitió al presidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU una copia del "preocupante" informe que hizo la Policía de Investigaciones (PDI) sobre el Servicio Nacional de Menores (Sename), el organismo estatal encargado de la protección de derechos de los menores de edad y adolescentes del sistema judicial.

El documento fue publicado por el Centro de Investigación Periodística (CIPER), una fundación sin fines de lucro destinada a promover y ejercer el periodismo de investigación y fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.

La investigación realizada por la PDI sobre 240 hogares de menores constató que en el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual.

El documento es un resumen de una extensa investigación realizada a petición de Marcos Emilfork, fiscal regional de Los Lagos, una región al sur de Chile, quien investiga 1.313 muertes ocurridas entre 2005 y 2016 en centros del Sename.

Los decesos de los menores fueron reportados tras el caso de la menor Lissette Villa, quien murió el 11 de abril de 2016 a manos de dos cuidadoras, que fuera de todo protocolo, la inmovilizaron, la sujetaron de las extremidades, se subieron a sus espaldas y la llevaron arrastrando a su pieza.

Ya existía un documento de 2018 de la ONU que revelaba la violencia sistemática en estos centros de cuidado que pedía a las autoridades que, tras la muerte de Lissette Villa, se investigaran las posibles violaciones a la Convención de los Derechos del Niño cometidas por el Estado chileno.

La Defensoría lamentó conocer el informe por medio del reportaje periodístico y que el Gobierno chileno se demorara en enviar la investigación realizada por el PDI: “sorprende que, a pesar de la gravedad y urgencia que revisten los elementos de análisis contenidos en este informe, y encontrándose éste concluido en diciembre de 2018 por parte de la PDI, recién se entregara al fiscal regional Emilfork a fines de abril de 2019″.

Para el organismo encargado de la defensa de los derechos de los menores esta demora representa "una afectación directa" a los más de 6.000 niños y adolescentes que están bajo la tutela del Sename y sus organismos colaboradores.