Por: Wilfredo Miranda Aburto

Hace un año, el 24 de junio de 2018, el presidente Daniel Ortega permitió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instalara en Managua el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), para monitorear las violaciones a los derechos humanos denunciadas por la ciudadanía durante las protestas que iniciaron en abril de ese añp. La presión internacional por los 79 asesinatos ocurridos para esa fecha, y unas calles que hervían de indignación, obligaron al mandatario a aceptar la supervisión de la organización interamericana.

El MESENI no tardó en volverse una piedra en el zapato para el gobernante.

El MESENI surgió después de la primera visita de la CIDH a Nicaragua en mayo de 2018. La organización documentó in situ la situación que ocupaba titulares nacionales e internacionales: Los estudiantes y la ciudadanía en Nicaragua se habían rebelado en contra del gobierno de Daniel Ortega, cuya administración recurrió al fusil para intentar sofocar las masivas manifestaciones.

El equipo de la CIDH presentó un informe sobre las violaciones cometidas por el Estado para controlar a los manifestantes y recomendó la instalación del MESENI. El gobierno de Ortega no pude negarse y el mecanismo empezó a recoger testimonios de las víctimas.

La uruguaya Ana María Tello fungió como la coordinadora del MESENI en el terreno. Los defensores de derechos humanos comenzaron a llevar un registro detallado de las violaciones a los derechos humanos en las protestas en las calles, las detenciones ilegales y las ejecuciones extrajudiciales.

Los hallazgos del MESENI durante sus primeros meses de funcionamiento fueron corroborados por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), una instancia también instalada por la CIDH, pero cuyo mandato se limitó a investigar los crímenes sucedidos entre en el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.

El GIEI, el equivalente a la comisión independiente que investigó la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en México, determino que Ortega y sus fuerzas armadas cometieron crímenes de lesa humanidad.

El MESENI, al no tener un periodo de terminó definido, continuó labores. Fueron varias las ocasiones que el equipo de Ana María Tello se apostó en los portones de las cárceles de Nicaragua exigiendo información sobre los presos políticos cuyos familiares denunciaban casos de tortura.

El mecanismo especial fue un problema para el gobierno casi a diario. A un año de su instalación, la CIDH apuntó que envió al gobierno sandinista 88 solicitudes de información sobre víctimas de la represión estatal y las acciones necesarias para proteger sus derechos humanos. El equipo reunió más de 1.500 testimonios de víctimas de la represión.

Constante descrédito official

De forma constante, el Gobierno desacreditaba la labor del MESENI. Sus voceros, como el diputado Wilfredo Navarro, lo tildaron como “redes terroristas para crear la violencia”.

“Generaban desinformación diariamente porque eso era parte de crear el clima propicio para el golpe de estado”, dijo en su momento Navarro, sumándose a la narrativa oficial de que el Gobierno fue víctima de una intentona golpista.

Pese al hostigamiento, el MESENI continuó con su labor. Paulo Abrao, secretario general de la CIDH, señaló que el mecanismo realizó 58 recomendaciones al Estado nicaragüense. “Como resultado, la CIDH reveló un progresivo deterioro de la situación de derechos humanos y un debilitamiento del Estado de Derecho”, sostuvo.

La CIDH agregó que la información recibida por el MESENI ha sido fundamental “para denunciar la grave situación” en Nicaragua. “En un año de trabajo, el MESENI registró 294 peticiones, en 2018, sobre violaciones de derechos humanos en protestas: 73 analizadas. Equipo de estudio inicial propuso abrir 16, todas por posibles actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, secuestro o privación arbitraria de libertad en Nicaragua”, sostiene el organismo.

Expulsión en diciembre

Después de que el Gobierno lograra sofocar por la fuerza las protestas ciudadanas en las calles e imponer un estado policiaco de facto desde septiembre de 2018, decidió terminar con el "quebradero de cabeza" que para ellos significaba el MESENI, en especial en foros internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), donde los informes de esta misión de derechos humanos eran la referencia para condenar a Ortega. El 19 de diciembre el MESENI fue expulsado, junto al GIEI, de Nicaragua.

Esa tarde del 19 de diciembre, la coordinadora Ana María Tello fue invitada a la Cancillería sandinista. Allí, luego de una escueta explicación, les informaron que debían abandonar Nicaragua en un plazo no mayor a 24 horas. “Nos pidieron el retiro inmediato del país”, relató Tello en aquel entonces a la Agencia Anadolu.

Con la expulsión del MESENI, el gobierno de Ortega incumplió el acuerdo establecido con la CIDH. La permanencia de la misión en Nicaragua era “indefinida”, “mientras la situación” así lo “requiera”. Pero al Gobierno no hizo caso omiso.

La CIDH denuncia que la persecución política continúa en Nicaragua y demanda el retorno del MESENI al país.

Pese a su expulsión, el MESENI continúa su labor de documentación desde la oficina central de la CIDH en Washington. El retorno al país de esta misión de derechos humanos será reivindicada esta semana en Medellín, Colombia, adonde la OEA celebra su 49 Asamblea General.

Mientras tanto, el MESENI ha enfocado su trabajo en el extranjero. A un año de su instalación, la CIDH resaltó que ha realizado visitas de trabajo a países con alto número de nicaragüenses desplazados: Costa Rica, Honduras y Estados Unidos.

“Este trabajo es clave para revelar la grave y masiva migración de nicaragüenses que huyen de su país”, reivindican.