Por: Andreina Itriago

En la noche del 15 de enero de 2005 la colombiana Mariel Estrada cruzó el puente Simón Bolívar para llegar a territorio venezolano. Dejó atrás su patria, su familia, sus amigos y las experiencias de 48 años para salvar su vida y la de su hijo.

Ahora es una de los 7.000 refugiados colombianos que hay en el país vecino, de acuerdo con datos de la Asociación de Colombianos en Venezuela.

Esta cifra es similar a la de los 7.867 refugiados que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) contabiliza en el país latinoamericano.

La cifra podría seguir aumentando, a pesar de la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y también a pesar de la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela, que ha llevado a cerca de tres millones y medio de personas a migrar a otros países.

“Más colombianos van a seguir viniendo al territorio venezolano, a pesar de que una población considerable de venezolanos esté pensando en seguir migrando al territorio colombiano o utilizándolo como puente para llegar a otros escenarios”, aseguró el director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, quien detalló lo mismo que ACNUR en el informe que presentó esta semana: “La guerra sigue siendo determinante en la movilidad interna en Colombia”.

Fue precisamente ese conflicto el que llevó a Estrada, hace 13 años, a tomar la decisión de irse de su país. Aunque vivía en Bogotá desde los 5 años, su trabajo la obligaba a movilizarse por todo el territorio colombiano: “Yo hacía parte de una organización cooperativa que estaba trabajando con los desplazados durante la época más confusa que hubo en Colombia, y durante el proceso de paz que también se intentó hacer durante el año 1999 y 2000”, cuenta Estrada.

Ella acompañaba a los campesinos en zonas como La Macarena y Vista Hermosa, en el suroriente colombiano. El peligro era inminente y las amenazas por parte de los grupos irregulares no tardaron en aparecer.

Por eso, antes de correr con la suerte de uno de sus compañeros de trabajo, a quien le asesinaron a uno de sus hijos, prefirió salvar su vida y la de su hijo. Tomó un autobús hasta Cúcuta y desde allí llegó a la ciudad de San Cristóbal, en el estado venezolano de Táchira, con la ayuda de unos amigos.

Lo hizo sin saber que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 69, reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Tampoco sabía que en 2001, cuatro años antes de que decidiera cruzar aquel puente, se promulgó la Ley Orgánica sobre Refugiados y Asilados.

Estrada desconocía que con la entrada en vigencia de esa ley se había creado una Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), que entre sus funciones tiene la de “orientar y coordinar las acciones necesarias para brindar protección, asistencia y apoyo jurídico a las personas solicitantes de refugio y a los refugiados y refugiadas”.

Tampoco sabía que podía acudir, en territorio venezolano, a ACNUR y a distintas organizaciones como Cáritas, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), la Sociedad Hebrea para la Ayuda al Inmigrante (HIAS), RET International y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), entre otras, para recibir, de igual forma, orientación en esa materia.

Pasó dos años en una situación irregular, hasta que coincidió en el centro de Caracas con Tanus, de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Fue entonces cuando, con su asesoría, solicitó la condición de refugiada ante la Conare.

Este fue el primero de tres pasos que culminó con éxito. Al cabo de dos años recibió un documento de identidad que le otorgó los mismos derechos que reconoce la ley venezolana a los extranjeros y que le permite trabajar y desenvolverse regularmente en el país.

Sin embargo, a diferencia de ella y de otras 7.000 personas que han cumplido con este trámite, hay unos 300.000 colombianos que se han visto obligados a desplazarse hasta territorio venezolano y no han solicitado la condición de refugiados.

“El refugiado de facto se mantiene en esa condición porque no necesita declararse como perseguido para beneficiarse de las políticas públicas del Estado (…) En Colombia un venezolano no es atendido en el sistema de salud si no tiene la prerrogativa, en Venezuela no”, acotó el presidente de la asociación de colombianos.

Aunque Tanus asegura que pueden acceder al sistema público de salud, educación y vivienda sin documentación, los exhorta a normalizar su situación. Y es que, a su juicio, están “invisibilizados” y en desigualdad de condiciones frente a algunas políticas. Por ejemplo, asegura que el no tener la documentación les impide acceder a insumos para el trabajo en el campo.

De acuerdo con la información que maneja la asociación, la mayoría de los colombianos perseguidos por el conflicto que están llegando a Venezuela primero han hecho un desplazamiento interno del campo a la ciudad. Allí no consiguen empleo y deciden cruzar la frontera.

“Aspiramos a que se reubiquen en el sector rural para que desarrollen su experiencia”, aseguró Tanus. Sin embargo, la mayoría se establece en la región central del país, principalmente en Caracas, la capital. Otros van a estados como Barinas, Táchira, Zulia, Amazonas y Bolívar.

Estrada se quedó en el céntrico estado venezolano de Miranda y nunca más volvió a Colombia. “Empieza a correr el día a día, empieza a correr el futuro de tu hijo, empieza a correr tu futuro también y entonces te vas quedando”.

Quedarse le sirvió a ella para sacar la carrera de Derecho y a su hijo para estudiar Informática e integrarse al Sistema Nacional de Orquestas. Las ganas de volver, sin embargo, siempre los han acompañado.

De acuerdo con datos del recién publicado informe de ACNUR, en Venezuela hay 114.934 personas en una situación similar a la de los refugiados. Entre los años 2007 y 2017, la cantidad de colombianos que ha buscado asilo en Venezuela se ha mantenido estable, entre 100.000 y 500.000 personas.

Entre el 15 de agosto de 2015 y el 17 de agosto de 2016, la asociación de colombianos contabilizó que se fueron de Venezuela con destino a Colombia 180.000. Al mismo tiempo, sin embargo, ingresaron 120.000 colombianos. "Los que se fueron por el tema económico del cierre de la frontera no consiguieron condiciones en Colombia y decidieron regresar", aseguró Tanus.