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Un juez de México suspende de manera indefinida la nueva ley eléctrica del Gobierno

La decisión quedó en firme luego de que el juez Juan Pablo Gómez concediera tres suspensiones definitivas a juicios de amparo que empresas energéticas pusieron para frenar la entrada en vigor de la ley.

Camila Fernanda Moreno Camargo  | 20.03.2021 - Actualızacıón : 21.03.2021
Un juez de México suspende de manera indefinida la nueva ley eléctrica del Gobierno El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. (Crédito Obligatorio: Presidencia de México)

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El juez federal mexicano Juan Pablo Gómez suspendió este viernes, de manera indefinida, la nueva Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de haber concedido tres suspensiones definitivas que fueron puestas en su contra para que la normativa no entrara en vigor.

“La suspensión definitiva que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de 2021”, escribió el juez en un expediente.

La semana anterior el mismo juez había aprobado siete suspensiones de forma temporal: tres habían sido aprobadas el 10 de marzo y cuatro fueron confirmadas al día siguiente.

Aunque los juicios de amparo han sido presentados por diversa cantidad de empresas y organizaciones, entre las que se incluye Greenpeace, el juez Gómez decidió conceder las suspensiones de forma general, ya que al hacerlo solo en nombre de los denunciantes habría una clara desventaja competitiva para los demás actores del sector.

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La reforma que presentó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenaba que las plantas hidroeléctricas, nucleares, geotérmicas, de ciclos combinados y termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sean las primeras en dispensar la energía del sistema eléctrico nacional, posteriormente se despacharía la energía que generan las plantas eólicas y solares, y por último las de empresas privadas. El decreto debía empezar a regir el 10 de marzo.​​​​​​​

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