Por: Sergio García Hernández

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) divulgó el jueves un informe en el que describe algunas de las afectaciones a los derechos humanos en Chile causadas por la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera a la pandemia del coronavirus. Uno de los puntos en los que se centra el documento, y quizás el más crítico en el panorama descrito, fue el extendido estado de excepción que fue decretado para prevenir la transmisión del virus. Cerca de un año y medio duró la emergencia, justificada por el Ejecutivo en la pandemia. Su uso les otorgó amplios poderes a las fuerzas militares y se impuso una férrea vigilancia sobre los ciudadanos.

La CIJ describe que el estado de excepción, que se extendió entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, “caracterizó las respuestas del gobierno a la pandemia con diversas consecuencias que amenazaron los derechos humanos y el Estado de Derecho”.

“La declaración del estado de excepción en Chile otorgó, de manera inapropiada, poderes extremadamente amplios a miembros de las fuerzas armadas para que implementaran medidas sanitarias durante más de un año y medio. Esto se hizo con base a disposiciones constitucionales arcaicas que no establecen límites y restricciones necesarias al poder ejecutivo durante los estados de excepción”, afirmó Rocío Quintero, asesora jurídica de la CIJ.

En el informe, titulado ‘Las vacunas no son suficientes: cómo la falta de protección de los derechos humanos comprometió la respuesta de Chile al COVID-19’, la CIJ enfatizó que en una parte significativa del territorio chileno el gobierno impuso severas restricciones al derecho a la libertad de locomoción al tiempo que fueron usadas sanciones penales para castigar a quienes violaran las medidas.

El informe describe que como consecuencia de la declaración del estado de excepción el presidente nombró a oficiales militares de alto rango como “jefes de la defensa nacional” ante la pandemia para cumplir funciones que podrían haber sido asignadas a autoridades sanitarias. 

“La prolongación del estado de excepción otorgó a las fuerzas militares un papel central en la respuesta de Chile a la pandemia, como reconoció el presidente Piñera. En este sentido, por ejemplo, el Decreto 104 de 2020 permitió el despliegue de más de 20.000 miembros de unidades militares en todo el país”, describe el documento.

Las medidas para garantizar las cuarentenas y los toques de queda para prevenir la transmisión del coronavirus fueron llevadas a límites que comprometieron los derechos humanos de los ciudadanos en el país austral. 

“El impacto de estas medidas fue considerable. Por ejemplo, las normas sanitarias establecían que, como regla general, las personas que vivían en zonas de cuarentena solo podían salir de sus hogares hasta dos horas, dos veces por semana”, describe la CIJ.

Chile también impuso que las personas tuviesen que tramitar permisos para salir de sus hogares lo que provocó que se necesitara acudir a la Policía para actividades tan básicas como hacer ejercicio o ir a comprar artículos de primera necesidad. “También es cuestionable si dejar solo dos horas para tales fines en las zonas de cuarentena era una restricción proporcionada”, detalló la CIJ. 

La organización indicó que algunas personas que alegaban violaciones de derechos humanos se vieron obligadas a solicitar permisos a los presuntos victimarios. 

“Este fue el caso, por ejemplo, de personas que sufrieron lesiones en los ojos provocadas por agentes policiales durante las protestas de 2019 y vivían en áreas de cuarentena. Para asistir a las citas médicas o recibir atención, como resultado de los abusos policiales, se vieron obligadas a solicitar permisos de desplazamiento adicionales a la Policía, que de hecho fue responsable de sus lesiones en primer lugar”, indicó el informe.

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La CIJ plantea, a su vez, que las restricciones inhibieron gravemente el trabajo de los defensores de derechos humanos. Mencionó que algunos experimentaron importantes dificultades en el acceso a permisos para ir a comisarías y lugares de detención en zonas de cuarentena con el fin de verificar la situación de los detenidos. 

Menciona, además, que los periodistas independientes enfrentaron dificultades similares a la de los defensores de derechos humanos, a la hora de realizar sus propias investigaciones, para informar.

“Aparte del control continuo del movimiento de personas por parte de la Policía, el sistema en línea establecido para solicitar permisos no tuvo en cuenta situaciones en las que las personas no tenían acceso a Internet”, destaca el documento.

El informe menciona también que los migrantes con un estatus migratorio irregular se vieron afectados de manera desproporcionada por la pandemia y enfrentaron desafíos para acceder a los beneficios de asistencia social y las vacunas contra el COVID-19 en igualdad de condiciones con los ciudadanos chilenos.

Expone, además, que Chile tuvo sus fronteras cerradas durante casi la totalidad de 2020, y nuevamente en abril de 2021. “Esta medida restringió el ingreso de viajeros al país, pero también significó que los residentes chilenos solo pudieran viajar al exterior en circunstancias excepcionales”, detalla el informe.

De acuerdo con la organización fue cuestionable que solo hasta el 26 de julio pasado se le abriera la posibilidad de viajar al extranjero, por cualquier motivo, a las personas que estuvieran completamente vacunas contra la COVID-19.

Para la organización el control ejercido sobre la población parece que desarrolló “una normalización de la situación de excepción en Chile”. 

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La CIJ consideró que muchos habitantes chilenos parecían acostumbrarse cada vez más en determinadas zonas de cuarentena a la presencia de personal militar en las calles y, en algunos lugares, a las severas limitaciones a la libertad de circulación. 

“Además, hubo una falta de control y supervisión adecuados sobre el estado de excepción por parte de los otros poderes del gobierno, incluidos el legislativo y los tribunales”, indicó la organización.

La CIJ describe que las medidas impuestas por el gobierno chileno sucedieron en el marco de un reciente estallido social, en octubre de 2019, provocado por una creciente desigualdad, que derivó un proceso constituyente al que ve como una oportunidad para incorporar protecciones a los derechos económicos, sociales y culturales y limitar los poderes de emergencia. 

“Con la redacción de una nueva Constitución, Chile tiene la oportunidad de comprometerse con un conjunto integral de derechos económicos, sociales y culturales plenamente justiciables. Esto requerirá que el gobierno implemente medidas sociales y económicas mucho más estrictas y de largo plazo para eliminar la pobreza y erradicar la desigualdad”, concluyó Quintero.

El informe, finalmente, ofrece recomendaciones a las autoridades chilenas para diseñar e implementar medidas de respuesta al COVID-19. Por ejemplo, se enfatiza que las medidas sanitarias, como cuarentenas y toques de queda, deben respetar plenamente los derechos a la libertad de circulación y de reunión pacífica.