El Tribunal Constitucional de España determinó que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, llamada por sus críticos 'Ley Mordaza', es constitucional en la mayoría de sus puntos, incluyendo las secciones que permiten deportaciones expresas y multas por protestas no autorizadas.

Cuando la reforma del código penal fue aprobada en 2015 por el conservador Partido Popular, fue fuertemente criticada por grupos de activistas, expertos en derechos humanos de la ONU, periodistas y opositores políticos que dijeron que limitaba la libertad de expresión y violaba los derechos humanos.

Según la ley, los manifestantes que asistan u organicen eventos no autorizados, incluidas manifestaciones para detener los desalojos, pueden ser multados con un mínimo de EUR 601 (USD 712) y hasta EUR 600.000 (USD 710.000) por violaciones graves.

Asimismo, la ley permitió que la policía imponga multas similares por perturbar eventos públicos, beber o consumir drogas en la calle, decirle a la gente que asista a protestas no autorizadas, faltar al respeto a los agentes de policía o tomar y distribuir sus fotos sin permiso.

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La única parte de la ley que fue considerada inconstitucional era la que declaraba ilegal la fotografía y distribución de imágenes de la policía.

La denominada 'Ley Mordaza' española también legalizó que las autoridades llevaran a cabo deportaciones urgentes en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla. Esto significa que los migrantes atrapados cruzando la frontera de manera irregular pueden ser rechazados rápidamente por España y sin el debido proceso.

El tribunal dijo que esta práctica es consistente con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que respaldó a España en febrero pasado en un caso presentado por dos hombres que fueron deportados inmediatamente después de escalar la valla fronteriza en Melilla.

España está gobernada actualmente por una coalición de izquierda cuyos líderes han prometido derogar partes de la ley, pero aún no han avanzado con ninguna reforma.

La ley se utilizó más que nunca durante la pandemia de coronavirus. Desde el 14 de marzo hasta el 1 de junio, durante el primer estado de alarma en España, casi 1,1 millones de personas fueron multadas, según el diario español El País. De 2015 a 2018, la ley se había aplicado para multar a poco más de 765.000 personas.

*Juan Felipe Vélez Rojas contribuyó con la redacción de esta nota.