Tribunal colombiano condenó a la Nación por atentado a club en Bogotá

El Consejo de Estado de Colombia condenó a la Nación por el atentado al Club El Nogal de Bogotá, cometido por la entonces guerrilla de las Farc -ya desmovilizada- en febrero de 2003 con un coche bomba, el cual dejó 36 personas muertas y 200 heridas.

El tribunal emitió una sentencia en la que declaró que existió una responsabilidad administrativa y patrimonial de autoridades como el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el atentado.

“El estado de conmoción decretado y la difícil situación de orden público que por esos días se vivía en el país obligaban a las autoridades a extremar medidas para garantizar la seguridad y protección debida a la población civil”, indicó el Consejo de Estado.

La sentencia detalló que la población civil colombiana, ajena al conflicto y protegida por el derecho internacional, no debía ser expuesta por las entidades demandadas, dado que quedó establecida la utilización de las instalaciones del club privado con fines institucionales. “Se adelantaron reuniones de altos funcionarios del Estado, auspiciados por el Ministerio del Interior, y se comprobó la pernoctación de la ministra de Defensa de la época en el lugar donde se produjo el ataque”, mencionó.

El tribunal puntualizó que se evidenció la omisión en los deberes de prevención, seguridad y protección en los que incurrieron la Fiscalía y el DAS, al abstenerse de verificar la información recibida acerca de la inminencia de un atentado terrorista de gran magnitud en el norte de Bogotá.

El Consejo de Estado indicó que, como medidas de reparación integral, satisfacción y no repetición se ordenó la instalación de una obra de arte en las inmediaciones de la zona afectada con el atentado, que debe ser creada con la participación de las víctimas, y la realización de un acto público de desagravio.

El tribunal añadió que dispuso el envío de la sentencia al Centro Nacional de Memoria Histórica, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad, con el fin de documentar la memoria del país y contribuir a su esclarecimiento.