Tras la llegada de las vacunas contra la COVID-19 a Chile, ahora se debate si su aplicación deber ser obligatoria

Por: Andrea Aguilar Córdoba

Con la llegada de las primeras vacunas a Chile el pasado 24 de diciembre y el avance de la inoculación en los grupos de riesgo, como personal sanitario y adultos mayores, crece la expectativa por la aplicación de los anhelados fármacos de Pfizer-BioNtech y de Sinovac, que han sido autorizados en el país.

Según la más reciente encuesta Cadem, un 45% de la población quiere vacunarse contra la COVID-19 cuando haya dosis disponibles, un 33% señaló que lo haría más adelante y un 22% indicó que no piensa vacunarse.

Este escepticismo frente a la efectividad y la seguridad de la vacuna es lo que ha generado la diversidad de opiniones frente al proyecto planteado en la Cámara de Diputados en el que se busca que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria.

“Para que esta vacuna tenga efecto, desde el punto de vista sanitario, requiere de una alta adhesión y para obtener una inmunidad de rebaño se requiere sobre el 80% de la población vacunada. Si de manera voluntaria no alcanzamos de manera rápida ese umbral, tendremos que tomar medidas como la obligatoriedad general o sobre algunos grupos etarios, sobre todo aquellos que están con mayor riesgo”, señaló a la Agencia Anadolu el diputado Gabriel Silber, autor de la iniciativa.

Silber argumenta que el coronavirus es una enfermedad de alcance global y que el acto de vacunarse no es solo una obligación personal, sino un acto de protección comunitario. “El tener una tasa alta de vacunación será el genuino antídoto para que vayamos viendo la luz al final del camino en esta crisis que le ha costado la vida a casi dos millones de personas en el mundo”.

Actualmente el código sanitario chileno establece la obligatoriedad de una serie de vacunas con base en el riesgo de mortalidad de las enfermedades y su alta tasa de transmisión, como es el caso del tétano o la hepatitis B, que están incluidas en el Programa Nacional de Inmunizaciones. El proyecto que se discutirá en la Cámara de Diputados buscará que la vacuna contra el COVID-19 entre en esta categoría, ya que cumple con las características.

Sin embargo, expertos en vacunación tienen opiniones encontradas sobre si implantar la obligatoriedad del fármaco para combatir la pandemia es realmente la estrategia más efectiva justo cuando se están aplicando vacunas autorizadas con uso de emergencia, lo cual significa que sus ensayos clínicos no se han completado.

Expertos contra la obligatoriedad

Actualmente más de 52.700 personas ya han recibido la primera dosis de la vacuna y cerca de 8.300 se han aplicado la segunda en Chile, que hace parte de los siete países en América Latina en donde ya inició la vacunación, que incluyen a Argentina, México, Costa Rica, Brasil y, más recientemente, Ecuador y Panamá.

Sin embargo, Jeanette Dabanch, coordinadora del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización del Ministerio de Salud, señala que el hecho de que las vacunas para combatir el coronavirus estén en desarrollo marca una diferencia frente a los fármacos que actualmente están aprobados y son obligatorios en el país.

“Uno de los puntos que deben demostrar es la seguridad, porque han adelantado la apertura de los estudios para evaluar duración y tiempo de eficacia, producto de que estamos en una pandemia. El establecer por obligatoriedad las vacunas del coronavirus no necesariamente significa que vamos a tener mejores coberturas. En Chile la obligatoriedad no va acompañada de una sanción”, aseguró a la Agencia Anadolu la infectóloga de la Universidad de Chile.

Dabanch plantea también que en estos momentos las vacunas contra el COVID-19 son un insumo tremendamente escaso y con una demanda muy importante. “Eso significa que si el Estado pone obligatoriedad no tenemos el insumo para entregarlo. La recomendación hecha por las entidades regulatorias y la Organización Mundial de la Salud es que la vacunación sea voluntaria”, asegura la especialista.

Sus planteamientos son apoyados por expertos como Sofía Salas, investigadora del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo, quien asegura que hacer la vacunación obligatoria con fármacos en desarrollo puede ser perjudicial para la confianza en la inoculación masiva de la población.

“Me parece más atractiva la idea -por ejemplo- que no puedan ingresar al país personas que no estén con un carnet de vacunación al día para ciertos trabajos que están más expuestos al riesgo. Y de esa forma ir logrando que mayor gente se entusiasme a vacunarse”, aseguró Salas a la Agencia Anadolu.

Sin embargo, para el diputado Silber el debate científico se trasladará al Legislativo en los próximos meses, porque hoy son muchos más los que quieren vacunarse frente a la disponibilidad de stock, pero se espera que esa realidad cambie cuando llegue la totalidad de las vacunas de los cuatro laboratorios con los que Chile tiene acuerdos: Pfizer, Aztrazeneca, Sinovac y Janssen.

Ver también: Chile aprueba uso de CoronaVac, la vacuna china contra la COVID-19

“El Congreso es la mejor opción democrática en donde se pueden tomar estas decisiones. Los grupos que se resisten a vacunarse toman una decisión que no solo los pone en riesgo a ellos, sino también al plan de vacunación completo y, por eso, tomar medidas más severas va a ser necesario”, señaló a la Agencia Anadolu.

Sin embargo, los expertos chilenos coinciden en que la base del programa de vacunación para combatir la pandemia, que ya deja 17.786 muertos y más de 690.066 contagiados en el país, debe ser ampliar la cobertura e invertir en comunicación con la comunidad para resolver dudas e insistir en el concepto de que las vacunas van a permitir mitigar algunos efectos de la pandemia.