Por: Susana Noguera Montoya

Representantes de los pueblos indígenas de toda América llegaron a Medellín para reclamar que se haga realidad la declaración que adoptó la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2016 para proteger sus derechos.

Dos temas son esenciales: el derecho a la tierra y la participación política de los pueblos originarios, tanto en los gobiernos de cada país como en la OEA misma.

Las organizaciones hicieron públicos sus reclamos durante la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (AG OEA) que inició este miércoles en Medellín.

Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), explica que la 'declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas´ fue adoptada el 14 de junio de 2016 y en 2017 se aprobó un plan de trabajo para hacerla realidad. Sin embargo, “a dos años de haberse adoptado este plan de trabajo los avances son muy pocos o nulos”, dijo Arias en entrevista con la Agencia Anadolu.

El líder indígena colombiano afirma que no ha habido “la voluntad política de los gobiernos o de la OEA” para hacer que lo escrito en el documento sea una realidad.

La declaración a la que se refiere Arias es un documento de 23 páginas que busca avanzar en el reconocimiento de las tierras ancestrales, la gobernabilidad propia de los pueblos originarios americanos y su autonomía. También se refiere a sus derechos políticos, sociales y culturales.

“Los pueblos indígenas constituyen un aspecto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y el futuro de las Américas”, afirma el documento.

Pero la aplicación de esta declaración aún no es palpable. Para Hugo Tacuri Huamaní, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Perú (Conaip), el documento no se ha podido aplicar porque “no hay un seguimiento, implementación y monitoreo a esta declaración”.

“Hay muchos abusos que cometen hacia nuestros pueblos, no solo en el Perú, también en toda América del Sur y América del Centro. Más que nada el problema está en la tierra”, dijo.

Los conflictos por la explotación de recursos naturales son una realidad en toda la región. Mega proyectos de minería, explotación petrolera, ganadería extensiva, la construcción de hidroeléctricas y los altos índices de deforestación chocan de frente con la cosmovisión de los pueblos originarios de la región.

Gladys Campos, miembro de la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, dice que los grandes proyectos promueven la idea de desarrollo, “pero como pueblos originarios no lo sentimos, no lo vemos, no lo palpamos”.

“Nosotros no estamos en contra de los grandes proyectos de inversión, pero no se nos consulta la forma de aplicación de estos grandes proyectos que dañan nuestras comunidades, que interfieren en nuestros territorios alterando nuestra cultura”, afirma Campos.

La Amazonía es un ejemplo claro de los conflictos ambientales que se viven en Suramérica. La organización Imazon, en Brasil, resaltó que entre agosto de 2018 y abril de 2019 se perdieron 2.169 km² de bosque en esta selva tropical, un 20% más que en el mismo periodo de 2018. Por décadas los pueblos indígenas han luchado contra la pérdida de este ecosistema y se han opuesto a organizaciones legales e ilegales que lo afectan.

La defensa de las comunidades indígenas hacia su territorio tiene un alto costo. Son objeto de asesinatos, amenazas y victimizaciones de diversos tipos. En Colombia, por ejemplo, la ONIC ha registrado el asesinato de 128 líderes indígenas desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016. La situación, dice Arias, se repite “a lo largo y ancho de todo el continente americano”.

“La situación de los pueblos indígenas, sobre todo en la franja de la Amazonía, se ha venido degradando. Se han aumentado los conflictos por los recursos ambientales. Los procesos de criminalización y de persecución contra los pueblos indígenas siguen proliferando”, resaltó Luis Fernando Arias.

La defensa de las mujeres indígenas

Si se es mujer, indígena y líder social en América Latina la victimización es triple, explica la peruana Gladys Campos. “Tenemos muertes de muchas lideresas y que las hacen ver como un crimen pasional”, dice.

Ante esa victimización es esencial aplicar la declaración adoptada en 2016, especialmente el artículo VII, que se refiere a la importancia de la igualdad de género, afirma Campos.

“Los Estados reconocen que la violencia contra las personas y los pueblos indígenas, particularmente las mujeres, impide o anula el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”, dice la declaración.

La pobreza extrema en la que viven cientos de comunidades indígenas afecta con especial fuerza a las mujeres, quienes tradicionalmente han asumido la mayoría de los trabajos domésticos y el cuidado de los niños.

Además, Campos explica que las mujeres, niñas y niños son más vulnerables a la violencia sexual, enfermedades y falta de oportunidades por ausencia de educación y sistemas de salud adecuados.

Los líderes indígenas coinciden en que los mecanismos de participación política en Latinoamérica, como la consulta previa, son vitales para proteger a los pueblos indígenas y hacer que las iniciativas en favor de ellos avancen.

Según Luis Fernando Arias, en la OEA específicamente hace falta una estructura que represente a los pueblos indígenas. “Se requiere que haya una instancia representativa de los pueblos indígenas encargada de dinamizar e impulsar la implementación de la declaración americana”, concluyó el líder indígena colombiano.