Senadores colombianos envían carta a la CIDH reportando posibles acciones ilegales del Ejército

Tres senadores colombianos enviaron este miércoles una carta a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para reportar posibles acciones de inteligencia ilegal contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y políticos a manos de miembros de las fuerzas militares de Colombia.

En la misiva, los legisladores hacen una serie de peticiones a la CIDH, entre ellas que el organismo priorice las medidas cautelares pedidas para las personas afectadas por la inteligencia militar irregular.

La carta está firmada por Iván Cepeda, del Partido Polo Democrático Alternativo; Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional, y Antonio Sanguino, del Partido Verde.

“El propósito de esta comunicación consiste en poner a disposición de este órgano de protección internacional información pertinente para que sea considerada en el contexto de las medidas de protección relativas a Colombia”, indicaron los senadores en el documento.

Los firmantes se refieren a la investigación periodística publicada por la revista Semana el pasado 2 de mayo. El artículo mostró documentos sobre presuntos seguimientos ilegales que habrían hecho algunas unidades del Ejército hacia periodistas, tanto estadounidenses como colombianos, así como exministros, funcionarios de Presidencia, generales, políticos y sindicalistas, entre otros.

Esta no es la primera investigación periodística que denuncia el posible uso ilegal de la inteligencia militar en Colombia. El 12 de enero de 2020, la Revista Semana publicó información sobre el posible uso fraudulento de fondos provenientes de Estados Unidos para hacer seguimientos e interceptaciones a personas vinculadas con la negociación de Acuerdos de paz en Colombia, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El espionaje también se habría realizado desde unidades del Ejército.

Los senadores adjuntaron a la carta enviada a la CIDH los artículos de prensa y argumentan que los documentos “ponen al descubierto una trama de acciones ilegales avaladas por sectores de la institucionalidad en un contexto de ataques a personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales que continúan en la impunidad”, según indica la carta.

El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que se abrió una investigación disciplinaria al interior de las Fuerzas Militares sobre las denuncias de inteligencia ilegal. Aseguró que se han realizado cambios en la estructura de mando del Ejército Nacional “para dinamizar y mejorar las operaciones y los procesos de inteligencia”. 

Holmes Trujillo indicó, además, que se enviaron documentos a la Fiscalía para que se inicie una investigación penal.

Ante este escenario, los legisladores le pidieron a la CIDH que requiera al Estado colombiano que publique información relevante sobre la investigación que adelantan las autoridades sobre este caso de corrupción. 

También pidieron que se respondan preguntas como ¿cuántas personas han sido objeto de este plan y la información general sobre sus perfiles? ¿Qué criterios se utilizaron para la selección de las personas y cómo se justificó cada caso? ¿Quién o quiénes ordenaron estas labores? y ¿quién o quiénes realizaron estas labores?

Así mismo, indicaron que el Estado colombiano debe hacer pública la lista de las personas objeto de acciones de vigilancia e informar de manera inmediata a todos los afectados.

Por último, los senadores le pidieron a la CIDH que realice una reunión para escuchar a las personas afectadas por estas acciones.

“Teniendo en cuenta el contexto actual en Colombia y la persistencia del accionar ilegal en acciones que ponen en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, la Comisión debería conformar un grupo independiente de investigación y veeduría internacional, compuesto por expertas/os con competencia en la investigación de crímenes complejos, con la participación de la fuerza pública y cuerpos de inteligencia. Este grupo debería contar, de ser posible, pero no como condición precedente, con la plena cooperación del Estado colombiano”, concluye la misiva.