A dos años y medio de la firma de la paz entre el Gobierno colombiano y las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la seguridad de líderes sociales y la reforma rural son las principales deudas de la ejecución del acuerdo de La Habana.

Así lo señala el Instituto Kroc en la tercera actualización de su informe sobre la implementación del acuerdo de paz, presentado este martes en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia.

De acuerdo con el documento, aunque a febrero de 2019 “el 69% de los compromisos en el Acuerdo Final están en proceso de implementación” y un tercio de estos han alcanzado niveles avanzados de ejecución, hay un 31% de dichos compromisos que no ha iniciado implementación. 

El Instituto explica que en algunos casos se trata de “retrasos y/o obstáculos significativos” como la no aprobación de una reforma político electoral, las circunscripciones transitorias especiales de paz y otras piezas legislativas previstas en el Acuerdo”, mientras que en otros casos se debe a que estos compromisos están ligados a la implementación previa de otros compromisos”.

Garantías de seguridad y protección de líderes sociales y excombatientes

La atención del Instituto Kroc en esta tercera actualización se centra en lo que tiene que ver con las garantías de seguridad y protección de líderes sociales, comunidades en riesgo humanitario y de los excombatientes de las FARC-EP y sus familias, “uno de los principales retos de la implementación”.

“Preocupa que líderes y comunidades involucrados en procesos como la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la justicia transicional y la reivindicación de derechos colectivos y de género, están siendo blanco de agresiones y homicidios”, alerta el centro de investigación de paz, y explica que este riesgo se da por la presencia de actores armados ilegales y bandas criminales en zonas de implementación. 

Por lo anterior, hace un llamado a “avanzar en el despliegue territorial de los instrumentos que dan respuesta integral a estos riesgos de seguridad y protección” que han sido generados por el acuerdo de paz, como el Pacto Político para eliminar la violencia de la política, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), entre otros.

Reforma rural, con implementación mínima

Según el informe de los seis puntos del Acuerdo, el número 1, sobre Reforma Rural Integral, es el que más atrasado está con un 51% de implementación mínima, seguido del punto 4, relacionado con la Solución al problema de las drogas ilícitas, con 50%.

“Preocupa que la implementación de este punto (1) continúa siendo lenta”, señala, al recalcar que es necesario avanzar de forma más rápida en la implementación de la reforma rural integral y las medidas de apertura democrática recogidas en pacto de La Habana. 

“La implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), de los Planes sectoriales de reforma rural, entre otras medidas, son fundamentales para que los colombianos más desprotegidos sientan que su calidad de vida mejora y que la paz vale la pena”, indica.

Por otra parte, el Instituto se refirió a la justicia transicional y los mecanismos que la componen, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y afirmó que es necesario protegerlos “política y financieramente”, pues constituyen en “uno de los pilares de la construcción de paz”.

Para Borja Paladini, responsable en Colombia del Instituto Kroc, “la implementación de los acuerdos ha sido un proceso persistente y resiliente, pero aún poco transformador”.

“Creemos que aún no ha llegado a la gente, sobre todo en los lugares que más han sufrido el conflicto (…) debe concretarse en mejorar la calidad de vida de los colombianos en los territorios más afectados por la violencia”, subrayó.

Por ello, y en relación a las elecciones de autoridades locales este año, Paladini Adell hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores que sean electos a “implementar buena parte de las medidas del Acuerdo en sus territorios y fortalecer la presencia del Estado” en las zonas más golpeadas por la guerra.

Según este tercer informe, desde la toma de posesión del presidente Iván Duque, en agosto de 2018, el proceso de implementación ha continuado, aunque a un ritmo “ralentizado levemente” durante los primeros meses.