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Se reanuda la evaluación de pruebas en el caso del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres

La familia de la ambientalista, su defensa y organizaciones aseguran que David Castillo, contra quien avanza un juicio, es solo un eslabón de la estructura criminal que acabó con la vida de Cáceres.

Diego Camilo Carranza Jimenez   | 03.05.2021
Se reanuda la evaluación de pruebas en el caso del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres La líder ambientalista Berta Cáceres fue asesinada en marzo de 2016. Se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, por considerar que afectaba los recursos naturales de la población hondureña de La Esperanza. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - Handout - Agencia Anadolu).

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Luego de once suspensiones, el pasado 6 de abril la justicia de Honduras retomó el juicio oral y público contra Roberto David Castillo, exgerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), empleado de la familia Atala y presunto coautor del crimen de la ambientalista y líder indígena Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016.

Justamente este lunes 3 de mayo la Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional hondureño reanudó la evacuación (o práctica) de pruebas del juicio oral y público contra Castillo Mejía, a quien se le vincula con el asesinato de Cáceres.

Sin embargo, la familia de la líder ambientalista, su defensa y organizaciones de derechos humanos aseguran que David Castillo es solo un eslabón de una estructura criminal que incluye a varios miembros de la familia Atala, funcionarios estatales y las Fuerzas Armadas hondureñas.

“Él no es el autor intelectual y varias de las personas judicializadas han expresado que el problema de Berta se discutía a nivel de la junta directiva de la empresa (Desa)”, recalcó este lunes Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, en una conversación con medios locales e internacionales.

Por ello, se espera que el juicio devele esa “estructura criminal” y la responsabilidad de los autores intelectuales que no están siendo juzgados.

“No hay voluntad política del Estado de investigar su responsabilidad y participación en el crimen”, dijo Zúñiga, e indicó que se prevé que el proceso judicial revele también cómo funcionan dichas estructuras y cuáles serían sus vínculos con empresas privadas y del Estado.

Camilo Bermúdez, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (Copinh), aseguró que el proceso adelantado hasta ahora evidencia cómo Castillo “cumplió un rol de enlace, bisagra, entre dos estructuras: una sicarial y otra de toma de decisión”.

“La importancia de su participación en esa estructura es lo que se intenta develar para que se pueda seguir avanzando en el crimen de Cáceres, que es la culminación de una cadena de crímenes que inició en 2009 con la constitución de la empresa Desa”, añadió Bermúdez.

El vocero del Copinh indicó además que una de las tesis es que el operativo criminal que terminó con la vida de Cáceres era del conocimiento de “otras esferas del Estado y niveles más altos del Ejército”.

“El asesinato fue aprobado y se le brindó insumos desde el Estado”, aseveró.

Ver también: En Honduras inició el juicio contra el presunto autor intelectual del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres. 

Zúñiga y Bermúdez indicaron que el análisis de la cadena de mando, la información disponible en el chat y otras pruebas con las que cuentan, se ha “logrado deducir la participación de Daniel Atala, hijo de José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala y Jacobo Atala”.

“Hay otros nombres, pero creemos que si algunas personas tenían potestad sobre la decisión, son estas”, ratificó el portavoz del Copinh.

A Daniel Atala y los miembros de la familia Atala Zablah, José Eduardo Atala Zablah, Jacobo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah han sido denunciados penalmente por su responsabilidad en el asesinato. Desde 2017 hay una solicitud de requerimiento fiscal interpuesta ante la Fiscalía General.

La familia de la líder ambientalista, su defensa y las demás organizaciones que están al frente del proceso reclaman que se “enjuicie a estas personas y que haya investigación en la responsabilidad que pueden tener”, pues aseguran que hay un “vacío de investigaciones frente a su autoría” y a la eventual participación del Estado.

El proyecto Agua Zarca, ejecutado por la empresa Desa, al cual Cáceres se oponía y según la Fiscalía fue la razón por la que se ordenó el crimen de la ambientalista, está actualmente detenido. Sin embargo, el grupo económico que lo lidera está activo y tiene inversiones en Honduras y otros países de Centroamérica, en equipos de futbol, banca y proyectos de infraestructura.

Se espera que el juicio termine hacia el 7 de mayo y que el fallo contra David Castillo se conozca a finales del mes.

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