Este martes se instala formalmente la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa en México, en un acto oficial en la Secretaría de Gobernación de la capital del país.

Dicho organismo fue una promesa de campaña del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Y justamente el 3 de diciembre pasado, dos días después de jurar como mandatario, AMLO firmó su primer decreto oficial, el que le dio vida a la Comisión.

La Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa estará encabezada por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y contará con delegados de otras entidades oficiales y de la sociedad civil.

Dentro del equipo participará la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta; así como delegados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cinco representantes de padres de familia (tres permanentes y dos suplentes) y cuatro abogados (dos permanentes y dos suplentes).

También habrá representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su mecanismo de seguimiento y de la ONU a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) para ese caso.

Aunque la presentación se realiza este martes, aún se siguen definiendo los lineamientos de este nuevo órgano. Así lo señaló a la Agencia Anadolu Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, defensor de derechos humanos e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

Esta Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia tratará de esclarecer lo ocurrido entre la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, que derivó en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

"Al paso se va a ir definiendo un plan de trabajo, pero de entrada tendría una labor política, de verificar que las autoridades no pongan obstáculos en la investigación y hacer unas investigaciones de campo, visitas, e ingresar a lugares donde se presuma que están los estudiantes e investigar a personas que presuntamente tengan información privilegiada”, aclaró el jurista mexicano.

El representante de los familiares explicó que la Comisión de la Verdad tendrá un estrecho vínculo y trabajará de la mano con la Procuraduría General de la República (Ministerio Público) y la Fiscalía especial para el caso Ayotzinapa, que se va a conformar próximamente. Esta Fiscalía dependería directamente de la Procuraduría (o de la entidad que surja luego de su transformación), arrancaría labores entre febrero y marzo, cuando se nombre el fiscal y estará conformada por un importante equipo multidisciplinario, entre policías, peritos, antropólogos, entre otros.

Actualmente las investigaciones están en espera de que se conforme la Fiscalía especial y se nombre su encargado, y que se termine de consolidar la transición de casos y expedientes en México.

Vidulfo Rosales Sierra valoró positivamente la intención del actual presidente mexicano para sacar a la luz la verdad sobre lo ocurrido aquel septiembre de 2014, y que continúa siendo una deuda pendiente en el país azteca.

"Vemos positivo, son buenas señales que de momento está dando el gobierno de Andrés Manuel tendientes a inaugurar una nueva ruta en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos", añadió.

La Comisión de la Verdad busca dar con el paradero de los jóvenes, que aún hoy sus padres esperan con vida, hasta aclarar otras discrepancias, como el motivo por el que los estudiantes fueron hasta Iguala.

Una de las versiones apunta a que fueron conducidos bajo sobornos por un cartel criminal hasta el lugar para "reventar" (boicotear) el informe anual de gestión de María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces alcalde local, José Luis Abarca, y hermana de los líderes del cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, según la versión de sobrevivientes, es que iban a detener autobuses de pasajeros, para llevar estudiantes hacia poblados vecinos donde realizarían tareas de observación y para participar en las marchas conmemorativas de la masacre de Tlatelolco, en Ciudad de México.

El próximo 26 de enero se completan 52 meses de los sucesos que ensombrecieron la administración de Enrique Peña Nieto.