Es probable que la violencia a lo largo de la frontera de facto en Cachemira continúe aumentando y es poco probable que India y Pakistán en un futuro cercano hagan esfuerzos para resolver el conflicto de manera bilateral, según un informe del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED).

La sombría predicción se basa en el análisis del ACLED de los eventos de 2020, que calificó como los más violentos desde 2016, cuando Cachemira fue testigo de protestas de meses contra India por el asesinato del prominente comandante Burhan Wani.

Ambos países se acusaron mutuamente de violar el acuerdo de cese al fuego fronterizo de 2003. El Ministerio del Interior de India aseguró que Pakistán lo violó 5.133 veces en 2020, mientras que Pakistán acusó a las tropas indias de violar el acuerdo más de 1.600 veces. Decenas de soldados y civiles murieron y muchos más resultaron heridos por ambos lados en los incidentes de fuego cruzado, con las cifras más altas presentadas desde la firma del acuerdo fronterizo en 2003.

Mientras es probable que las fronteras se mantengan “calientes”, la situación dentro de Cachemira podría deteriorarse aún más, indicó el informe del ACLED, que enumera a Cachemira como uno de los 10 conflictos a tener en cuenta en 2021 junto con otros como Yemen, Myanmar, Etiopía y Armenia con Azerbaiyán.

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De acuerdo con el informe, podría haber un aumento en la actividad de militantes nacionales y extranjeros en Cachemira debido a los “cambios de política” después del 5 de agosto de 2019, cuando India despojó a Jammu y Cachemira de su estatus autónomo y la dividió en dos territorios gobernados de manera central.

“Aunque el aumento de la militancia se atribuye a los grupos yihadistas con sede en Pakistán, la desilusión y la ira causadas por [la medida de India] el 5 de agosto ha permitido a grupos [militantes] nacionales y extranjeros reclutar a cachemires”, destaca el informe.

Marginación de los musulmanes 'podría estimular la actividad militante'

El documento explicó que otra fuente de un posible estímulo en la actividad militante son las nuevas leyes de ciudadanía y tierras que permiten a los extranjeros comprar tierras en Jammu y Cachemira además de reclamar la residencia. Antes del 5 de agosto, solo los residentes hindúes, musulmanes y budistas de la región de mayoría musulmana tenían estos derechos.

Un ejercicio en curso destinado a rediseñar los segmentos de la asamblea legislativa local trasladará el poder de la región de Jammu a la mayoría hindú, según el informe. La marginación resultante de los musulmanes “podría, a su vez, estimular la actividad militante en la región”, dijo el reporte.

Un joyero hindú que había adquirido los derechos de residencia fue asesinado a tiros por militantes el 31 de diciembre del año pasado y el hijo de un propietario hindú de un restaurante recibió tres disparos de presuntos militantes el miércoles en una zona de alta seguridad. Sobrevivió al ataque. En los últimos 30 años de insurgencia, el restaurante y varios negocios dirigidos por hindúes nunca habían sido atacados.

Los grupos militantes han declarado como objetivo a cualquier extranjero que planee establecerse en Cachemira. De hecho, inmediatamente después de la abrogación de la autonomía, presuntos militantes mataron a 11 forasteros, la mayoría de ellos musulmanes indios.

El Gobierno de India ha 'destruido prácticamente cualquier posibilidad de paz'

Adicionalmente, los datos del año pasado sobre la violencia en la región solo confirman el pronóstico del ACLED.

El jefe de policía de Jammu y Cachemira, Dilbag Singh, dijo a los periodistas el último día de 2020 que 225 militantes, 38 civiles y 16 policías, además de 44 soldados y paramilitares del ejército, murieron en varios incidentes en 2020. Las bajas no incluyen a los muertos en los cruces de disparos en las fronteras.

Los expertos en Cachemira hacen eco de estas preocupaciones. Noor Ahmad Baba, exjefe del departamento de ciencias políticas de la Universidad de Cachemira, dijo a la Agencia Anadolu que el Gobierno supremacista hindú prácticamente ha destruido cualquier posibilidad de paz con la decisión tomada el 5 de agosto de 2019.

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“Por un lado, los habitantes de Cachemira se han visto envueltos en una situación imposible. Por otro lado, India trató de marginar a Pakistán mediante la decisión unilateral del 5 de agosto, aunque el papel de Pakistán en cualquier resolución de Cachemira es reconocido internacionalmente”, dijo Baba.

“Lo que va a ser más peligroso es la situación de miedo en la que se encuentran los habitantes de Cachemira en este momento. Existen restricciones extraordinarias y la situación puede estallar”, agregó el experto.

'Ley sin ley' en Cachemira

La decisión del 5 de agosto también ha perturbado la estabilidad regional, sostuvo Baba, refiriéndose a los análisis que atribuyen los enfrentamientos fronterizos entre India y China del año pasado al cambio del estatus político de Cachemira. China había dicho que la decisión era “ilegal y nula” y “desafió su soberanía”.

El sociólogo Farukh Fahim, que ha estudiado la historia de los movimientos nacionalistas en Cachemira, recordó que India había calificado la medida del 5 de agosto como una solución, pero “eso no está sucediendo”.

“Poco después del 5 de agosto, se habló de Cachemira como otra Palestina en ciernes. Los musulmanes que viven en el vecindario podrían radicalizarse debido a la preocupante situación en Cachemira”, dijo a la Agencia Anadolu.

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Después de 18 meses se restauran los servicios de internet 4G en Jammu y Cachemira

Las personas usan sus celulares en Srinagar el 6 de febrero de 2021 después de que el Gobierno indio restaurara los servicios de Internet 4G de alta velocidad en Jammu y Cachemira tras 18 meses de suspensión. (Faisal Khan - Agencia Anadolu) 

Contrariamente a las afirmaciones de India de que el desmantelamiento de la autonomía traería la paz y terminaría con el “separatismo”, los jóvenes de Cachemira siguen uniéndose a grupos militantes.

Solo el año pasado, el jefe de policía de Cachemira dijo que 635 “trabajadores de tierra”, un término utilizado por la policía para describir a presuntos partidarios de militantes, fueron arrestados y 56 de ellos encarcelados bajo una ley de detención preventiva llamada Ley de Seguridad Pública, que se denominó “ley sin ley” por Amnistía Internacional.

Una persona puede estar detenida hasta seis meses sin juicio y la detención puede repetirse perpetuamente.

Un alto oficial de policía dijo a la Agencia Anadolu, en condición de anonimato, que el arresto de los 635 "trabajadores de tierra" fue el más alto en cualquier año desde el estallido de la militancia en 1990.

El informe del ACLED dijo que en 2020, India se centró en desviar las oportunidades de negociación y reforzar el control de Cachemira mientras promovía la política pro-india en la región. Al mismo tiempo, según los informes, sus fuerzas utilizaron el bloqueo del coronavirus para fortalecer la recopilación de inteligencia e intensificar las operaciones de lucha contra la militancia.

“Pakistán respondió poniendo continuamente en duda el acuerdo bilateral de alto el fuego con India, destacando las violaciones de India y los abusos de los derechos humanos en Cachemira en foros diplomáticos internacionales, así como incitando a la violencia cerca de la Línea de Control”, destacó.

Con ambos países “adoptando estrategias militarizadas no cooperativas”, dice el informe, “los intentos bilaterales por resolver el conflicto de Cachemira siguen siendo poco probables en el futuro cercano”.

La región en disputa

Cachemira, una región del Himalaya de mayoría musulmana, está en manos de India y Pakistán en partes, y reclamada por ambos en su totalidad. China también posee una pequeña porción de Cachemira.

Desde que se dividieron en 1947, los dos países han librado tres guerras, en 1948, 1965 y 1971, dos de ellas por Cachemira.

Algunos grupos en Jammu y Cachemira han estado luchando contra el Gobierno indio por la independencia o la unificación con el vecino Pakistán.

Según varias organizaciones de derechos humanos, miles de personas han muerto en el conflicto de la región desde 1989.

*Daniela Mendoza contribuyó con la redacción de esta nota.