Ser un defensor de los derechos humanos en Guatemala es un peligro. Un nuevo informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló que durante los años 2017 y 2018 se produjeron 39 asesinatos y casi 900 ataques contra defensores de los derechos humanos.

Una de las principales inquietudes que describe el documento es el uso de estrategias legales para menoscabar y atacar a estos líderes. Explica que sufren criminalización basada “en el uso indebido del derecho penal en su contra”, que afecta especialmente a los defensores de los derechos a las tierras y los recursos naturales.

El informe, de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, entrevistó a 196 defensores de DDHH en el país. De ellos el 86% sufrió ataques o amenazas al menos una vez en el periodo que estudia el informe y un 58% en más de una ocasión.

Los ataques, concluye el documento, provienen tanto de actores estatales como no estatales. La Oficina y la Procuraduría “recibieron información sobre el involucramiento en los ataques de actores políticos, del crimen organizado incluyendo en áreas fronterizas, de la seguridad privada y del sector privado, o incluso personas contratadas o movilizadas para llevar a cabo los ataques”.

El informe también indica que el actual proceso electoral en el que se encuentra Guatemala se incrementan los riesgos para la seguridad y el trabajo de los defensores de los derechos humanos.

Registró ataques contra líderes comunitarios e indígenas y el asesinato de tres candidatos y de dos personas que manifestaron su voluntad de postularse para un cargo público desde enero de 2019.

“La impunidad en relación con estos delitos es persistente y generalizada. Los jueces independientes -incluidos los de los tribunales superiores- y los fiscales sufrieron agresiones, amenazas y represalias y fueron estigmatizados, en concreto debido a su participación en casos de corrupción o de justicia transicional”, señala el informe.

El informe recomienda al Gobierno aumentar las medidas de prevención, protección, investigación y enjuiciamiento de los delitos cometidos contra los defensores de los derechos humanos.

También pide que se conduzcan campañas de sensibilización sobre la trascendencia “de la defensa de los derechos humanos para la democracia y el Estado de Derecho”, y que adopte políticas públicas de protección para los defensores de los derechos humanos.