El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, habló desde Bruselas (Bélgica) donde explicó los motivos de su viaje. “Vamos a apoyar las diferentes iniciativas para evitar que el artículo 155 se lleve a la práctica y en esta línea apoyamos a los sindicatos y entidades que se han quedado en sus cargos y les pedimos que hagan todo lo posible para evitar la demolición del Gobierno catalán”, dijo Puigdemont. 

“No estoy aquí para pedir asilo político, estoy acá para actuar con seguridad y libertad. Solo vuelvo si tengo las garantías de que el pueblo catalán estará en paz”, agregó el expresidente de la Generalitat. 

Según Puigdemont, “el Gobierno español adelantó una persecución contra el Govern y miembros del Parlamento. El Estado español quiere hacer su proyecto desde la violencia y no nos puede arrastrar a nosotros en esa vía”. Además, denunció que la justicia española está politizada y que hay un grave déficit democrático en todo el Estado. 

El destituido líder de la Generalitat viajó a Bélgica después de que la Fiscalía General del Estado anunciara dos querellas en contra de los miembros del Govern y de la ex presidente del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por delitos de sedición, malversación y rebelión. 

En la mañana del lunes el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, presentó dos querellas contra los dirigentes catalanes que aprobaron una resolución en la que se declaró la emancipación unilateral e inconstitucional de Cataluña. 

Puigdemont voló a Bélgica con varios ex líderes políticos catalanes como Meritxel Borràs (Gobernación), Antoni Comín (Salud), Dolors Bassa (Trabajo y Asuntos Sociales), Joaquim Forn (Interior) y Meritxel Serret (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación). 

El presidente de España, Mariano Rajoy, anunció el pasado viernes la destitución de los dirigentes del Parlamento de Cataluña, entre ellos Puigdemont, tras aplicar el artículo 155 de la Constitución. También indicó que el próximo 21 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones autonómicas. 

El Código Penal de España tipifica en su artículo 472 que las personas que se alcen violenta o públicamente contra el Estado, para alcanzar la independencia de una parte del territorio nacional, podrían pagar entre 15 y 25 años de cárcel.

Para los líderes que hayan empleado armas, efectuado actos violentos o causado estragos en España, se plantean penas hasta de 30 años.