Prisioneros atrapados en medio de las tensiones entre Pakistán e India

Viejos rivales, Pakistán e India, que se encuentran atrapados en una serie de disputas por tierra y mar, están listos para otro enfrentamiento en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en un caso que involucra a un presunto espía indio.

Kulbhushan Jadhav, quien fue arrestado en marzo del año pasado en Mashkel, una ciudad a unas pocas millas de la frontera con Irán, fue condenado a muerte por un tribunal militar por cargos de espionaje en abril de 2017. Sin embargo no se fijó fecha para su ejecución.

La Corte Internacional de Justicia suspendió la sentencia luego de que Nueva Delhi impugnara el veredicto en mayo del año pasado. Ahora, la Corte Internacional de Justicia (el principal órgano judicial de las Naciones Unidas) escuchará el caso del 18 al 21 de febrero del próximo año, según un comunicado.

Jadhav, a quien el tribunal procesó porque era un oficial al servicio de la Armada de la India, presuntamente había participado en actividades de espionaje y sabotaje en la capital comercial de Pakistán, Karachi, y en la provincia de Baluchistán.

Según los militares, estaba usando el nombre musulmán Hussein Mubarak Patel.

Semanas después del arresto de Jadhav, Nueva Delhi negó cualquier vínculo con él y lo describió como un oficial naval retirado.

India había advertido que si se ejecutaba la sentencia contra Jadhav, se consideraría como "un caso de asesinato premeditado".

Los dos países vecinos con armas nucleares a menudo arrestan a sus nacionales por diferentes cargos, incluido el espionaje.

Las relaciones tensas y duraderas entre los dos pueblos mantienen a los presos en la cárcel por períodos cada vez más largos, y en algunos casos, incluso después de cumplir sus condenas.

Tanto es así, muchos de ellos han sido asesinados o muertos durante la custodia.

En abril de 2013, dos presos asesinaron a Sarbajeet Singh, un presunto espía indio que cumplía una pena de prisión en la ciudad de Lahore, en el noreste de Pakistán.

Apenas unas semanas después, un preso militante paquistaní, Sanaullah Haq, fue golpeado hasta la muerte por un compañero de prisión en una cárcel de Jammu y Cachemira.

La primera víctima

Los pescadores de ambos lados han estado pagando durante mucho tiempo el precio de las difíciles relaciones entre ambos países.

Pakistán e India a menudo arrestan a los pescadores por violar las aguas marinas de los demás debido a que los límites de agua han sido mal marcados y los barcos mal equipados, pues carecen de la tecnología para especificar ubicaciones exactas.

Según el Acuerdo de Acceso Consular de 2008, ambos países intercambian la lista de prisioneros cada 1 de enero y 1 de julio.

A la fecha, 418 pescadores y 53 civiles indios, al igual que 108 pescadores y 249 ciudadanos paquistaníes se encuentran actualmente en un limbo en las cárceles de cada uno, según las listas compartidas por los dos países en julio de este año.

Islamabad liberó a 174 pescadores y 4 prisioneros civiles indios, mientras que Nueva Delhi liberó a 28 pescadores y 21 prisioneros civiles pakistaníes en 2018.

India y Pakistán han acordado recientemente revivir un comité judicial conjunto de prisioneros que comprende cuatro miembros (jueces retirados del poder judicial superior) de cada país.

India ha nominado a sus cuatro miembros, mientras que Pakistán aún no ha nominado a los suyos.

El comité, establecido en enero de 2008, solía reunirse dos veces al año, una vez en India y una vez en Pakistán, hasta octubre de 2013. Desde entonces, no se celebra ninguna reunión tras el aumento de las tensiones diplomáticas entre las dos partes.

Las recomendaciones unánimes del comité incluían la liberación de los pescadores, mujeres, jóvenes y presos con problemas mentales.

Una perspectiva humanista

Jatin Desai, ex secretario general de Pakistan-India People’s Forum for Peace and Democracy, un grupo de activistas por la paz de ambos países, considera que el tema de los prisioneros debe verse desde una perspectiva más humanista que política.

"En lo que respecta a los pescadores, es absolutamente un problema humano, ya que se aventuran en el mar solo para ganarse la vida", dijo Desai a la Agencia Anadolu.

“No deben convertirse en peones en manos de ambos países. Estoy a favor de la Política de No Arresto (NAP) para los pescadores”, sostuvo el ex secretario.

En lugar de arrestarlos, continuó diciendo, podrían verse obligados a regresar a las aguas de sus respectivos países.

Además, agregó que ambos países deberían pensar en una zona libre para los pescadores tradicionales.

Desai observó que desafortunadamente no había un límite de tiempo para confirmar la nacionalidad de un prisionero. "En la ausencia de un límite de tiempo, en algunos casos, los presos tienen que deambular en otro país incluso después de completar su sentencia", añadió.

El juez Nasir Aslam Zahid, ex juez de la Corte Suprema de Pakistán y ex miembro del comité judicial conjunto sobre presos, comparte una opinión similar.

“El castigo máximo (tanto en India como en Pakistán) por ingresar a un país extranjero sin visa es de un año. Pero el proceso legal es tan largo y engorroso que para cuando un preso (pescador) es presentado ante el tribunal, ya ha pasado dos o más años en la cárcel”, dijo Zahid a la Agencia Anadolu.

El juez piensa que los dos gobiernos deberían aprobar una ley que obligue al poder judicial a decidir los asuntos relacionados con la entrada ilegal en un plazo de seis meses.

También señaló que otro problema es la incautación de barcos de pescadores, que nunca fueron devueltos.

“Los precios de los barcos de pesca varían de un millón a 10 millones de rupias (USD 7.180- USD 71.800 aprox). Los pescadores son capturados junto con sus barcos. Pero cuando son liberados, tienen que regresar sin sus botes, que se venden en complicidad con las autoridades o se pudren en el mar", dijo Zahid.

"Al final, un pescador regresa a su casa con las manos vacías y tiene que reiniciar desde cero", sostuvo Zahid.

Agregó que a los familiares de los prisioneros se les debería permitir hablar por lo menos con sus seres queridos por teléfono.

"Los dos gobiernos pueden establecer una línea directa para este propósito o permitir una llamada de Skype o algo similar para que las familias puedan estar seguras de que sus familiares están sanos y en un estado de ánimo adecuado", agregó el ex juez.

*Carolina Zúñiga contribuyó con la redacción de esta nota.