Prisión preventiva, el sistema penitenciario paralelo de Venezuela

Hacinamiento, insalubridad, enfermedades y violaciones de derechos humanos forman parte de la “cruda realidad” de los centros de detención preventiva en Venezuela, unos espacios en los que los privados de la libertad deben permanecer tan solo 48 horas, pero en los que coexisten por meses hombres, mujeres, niños, enfermos, extranjeros, procesados y personas con boleta de excarcelación.

El abogado venezolano Carlos Nieto Palma aseguró que se trata de un “sistema penitenciario paralelo", del que no quiere hacerse cargo el Ministerio para el Servicio Penitenciario. Está conformado por unos 500 calabozos policiales con capacidad para albergar, hasta su presentación en tribunales y posterior traslado a un centro de reclusión definitivo, a 10.000 reclusos.

El Gobierno ha reconocido el hacinamiento en estos espacios, al asegurar que hay unas 32.000 personas en ellos. Sin embargo, de acuerdo con datos de la organización que coordina Nieto Palma, Una Ventana a la Libertad (UVAL), la cifra es mayor: unas 45.000 personas podrían estar en centros de prisión preventiva.

Los problemas que generan las condiciones de hacinamiento produjeron, en 2017, al menos 39 heridos de gravedad y 65 muertos. Esto en tan solo 198 centros de prisión preventiva, ubicados en 13 de los 23 estados del país, según cifras de UVAL.

La mayoría de las muertes fueron producidas por disparos, puñaladas, golpes; también por tuberculosis y desnutrición. Durante la presentación del informe anual, voceros de la organización exhortaron a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía y al ministerio penitenciario a atender la situación, especialmente a garantizar los derechos a la salud y a la vida.

“Lamentablemente para los cuerpos policiales del país, les han lanzado una responsabilidad que no les corresponde a ellos (…) Tenemos 30% de policías de este país metidos dentro de sus comandos policiales, cuidando a los presos que tienen ahí, en vez de estar en la calle cuidando a los ciudadanos”, aseguró Nieto Palma. La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que aquejan a los venezolanos.

Algunos de estos centros de detención preventiva están ubicados en colegios o en centros comerciales. Estudiantes o visitantes de los centros comerciales han estado en estos espacios durante intentos de fuga, según la UVAL.

La solución, a juicio de Nieto Palma, está en que el gobierno cumpla con la promesa que varias veces ha hecho de construir nuevos centros penitenciarios. Considera que debería haber al menos dos en cada estado: uno para procesados y otro para condenados.

La realidad es que hay estados como Zulia o Nueva Esparta, que no tienen ni siquiera uno. En los últimos seis años se abrieron tres cárceles y se cerraron seis.

De acuerdo con el informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado lunes 12 de febrero, el hacinamiento es uno de los principales problemas que enfrentan los detenidos en Venezuela. El Estado, sin embargo, habla de una capacidad para 83.000 personas que solo estaría ocupada por 53.000 personas.

La CIDH destacó en el documento: “Se presenta un uso excesivo de la prisión preventiva derivado principalmente de violaciones al debido proceso a las personas acusadas y de falta de coordinación entre los órganos de administración de justicia y el Ministerio Penitenciario”.