Por: Alejandro Melgoza Rocha

El presupuesto destinado a las estaciones migratorias, creadas con el fin de brindar servicios de alimentación, agua potable, servicios de salud, asesoría legal, entre otros, ha tenido una disminución del 85% en este primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La Agencia Anadolu obtuvo un oficio vía el mecanismo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se observa una caída representativa del presupuesto asignado a las 32 representaciones migratorias mexicanas, así como a las agregadurías, durante el periodo 2015-2019.

En 2015 se asignaron MXN 2.675.806.952, mientras que en 2016 fueron MXN 2.389.806.602. Luego, en 2017, se presupuestaron, con un ligero aumento, MXN 3.440.898.666, al tiempo que la tendencia al alza siguió en 2018, en el último año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, con MXN 4.373.213.961,82.

Ya en 2019, durante el periodo entre enero a septiembre, se asignaron solamente MXN 632.940.766,82, pese a la crisis migratoria desatada tras las caravanas migrantes en octubre del 2018, lo que significa una caída vertiginosa del 85%.

Es decir, durante 2019 se otorgó en promedio mensualmente unos MXN 70.326.751,9 al Instituto Nacional de Migración (INM), de tal manera que ni en los tres meses restantes se alcanzaban los mil millones.

Según la información obtenida con número de expediente 0411100178819, no hay ninguna estación migratoria que no haya sufrido un recorte presupuestario, especialmente las del sur y norte, cuyas fronteras son las más importantes durante el proceso de migración, al tiempo que las más bajas de los estados fueron Nayarit y Guanajuato.

En el caso de la región sureste, colindante con América Central, así quedaron los presupuestos entre 2018 y 2019: Chiapas pasó de 371 a 215 millones de pesos; Veracruz, de MXN 210 a 95 millones; Tabasco, de MXN 77 a 43 millones; y Oaxaca, de MXN 47 a 10 millones. Son precisamente los estados en los que empieza el éxodo de los migrantes, muchas veces a bordo del tren llamado “La Bestia”.

Ya en el norte, hacia el cruce hacia Estados Unidos, estas son las cifras: Baja California tuvo un golpe fiscal de MXN 79 a 13 millones, pese a que en su localidad de Tijuana fue donde se asentaron cantidades multitudinarias de migrantes a causa de las caravanas. A este estado le siguen Sonora, que pasó de recibir MXN 70 a 20 millones; Coahuila, que pasó de MXN 79 a 17 millones; Chihuahua, de MXN 53 a 20 millones; Nuevo León, de MXN 48 a 19 millones, y Tamaulipas, de MXN 128 a 39 millones.

Para el centro del país, en Ciudad de México -las oficinas centrales del INM-, la caída es galopante, pues de 2 mil millones de pesos en 2018 se redujo a 50 millones en 2019, a pesar de que las caravanas migrantes se aglomeraron en la metrópoli en varias ocasiones, para ser atendidos luego de un trayecto complejo desde el sureste.

En cuanto a las agregadurías en otros países como los centroamericanos, no se destinó nada de dinero. En 2015 se autorizaron MXN 1.705.558; posteriormente, en 2016, MXN 1.958.378; luego MXN 4.180.879 en 2017, y MXN 2.515.645 en 2018, mientras que en 2019 fueron cero pesos.

Por otro lado, para conocer el comportamiento fiscal del INM, la Agencia Anadolu solicitó al INM la información relativa a periodos anteriores. Sin embargo, la autoridad migratoria respondió: “No se cuenta con la información correspondiente a los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014”.

Los migrantes centroamericanos han denunciado en numerosas ocasiones que, a su paso por México, son tratados de manera indigna en las llamadas “estaciones migratorias” del Instituto Nacional de Migración, una problemática ya documentada por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.

Las estaciones migratorias se crearon como parte de los convenios y tratados internacionales a los que está suscrito el país, así como parte de la Ley de Migración y el Plan Nacional de Desarrollo.

Pero con el tiempo estos servicios se ven cada vez más mermados, situación que publicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en noviembre de 2019 en el informe 'Situación de las estaciones migratorias en México, hacia un nuevo modelo alternativo a la detención.

“Las condiciones son indignas, pues no existen áreas específicas para ingerir alimentos, para dormir, ni un entorno adecuado para la recreación”, precisa el informe.