Presentan ante la CIDH el calvario de los migrantes centroamericanos en México

Por: Diego Carranza

El acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos en junio para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos en territorio estadounidense ha hecho más difícil el panorama para los migrantes centroamericanos por estos días.

De acuerdo al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), por años el Estado mexicano ha basado su política migratoria en la “contención de los flujos migratorios y el cierre de las fronteras, más que en la atención, desde un enfoque de derechos humanos, de las personas que se han visto obligadas a migrar”.

Y aunque con la llegada de las llamadas “caravanas migrantes” desde Centroamérica, el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, manifestó una posición de mayor apertura, “rápidamente demostró” una tendencia hacia una política migratoria que “prioriza la detención, deportación y violación de derechos” de cientos de personas que día a día cruzan por la frontera sur del país. 

Esta es la situación que denuncian este viernes una decena de organizaciones civiles como Cejil, la Red Nacional de Organismos Civiles de DDHH de México (Red TDT), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, incluidos varios albergues mexicanos que realizan atención y monitoreo, durante el 173 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Haremos una breve presentación sobre la preocupante situación de los derechos humanos de las personas que se mueven por México en diferentes capacidades, pero que incluyen por supuesto, a niños, niñas y adolescentes, a personas en situación de mucha vulnerabilidad, extra continentales, mujeres, en fin... muchos de ellos solicitantes de protección internacional que huyen de situaciones que ponen en riesgo su vida", le dijo a la Agencia Anadolu Marcela Martino, subdirectora del Programa para Centroamérica y México del Cejil.

Según Martino, lamentablemente este año se ha visto como el discurso que inicialmente tuvo el Gobierno de México a finales del año pasado cuando asumió López Obrador, se ha ido transformando y ha pasado a uno de “estigmatización y criminalización generalizada”, tanto de los migrantes, como de aquellos colectivos, personas u organizaciones que les apoyan.

"Eso ha implicado una serie de consecuencias para los derechos humanos. Existe una práctica sistemática de detención en colaboración con autoridades de Estados Unidos que han interpuesto políticas y medidas que violentan sus obligaciones respecto a estas personas”, dijo.

La jurista costarricense también denunció graves consecuencias del programa de Trump ‘Quédate en México’, o conocido en EEUU como ‘Protocolo de Protección de Migrantes’, que expulsa a las personas que logran llegar a EEUU y las devuelve al Estado de México, donde no hay acceso a justicia y derechos para migrantes, ni condiciones de seguridad, pero sí “violencia y muchísima precariedad”. 

Pero además, a otras personas “el Gobierno mexicano los ha estado trasladando miles de kilómetros muchas veces hasta la frontera sur, haciendo que no puedan asistir a las audiencias frente a jueces o autoridades estadounidenses para continuar con sus procesos de asilo”.

A partir del acuerdo migratorio se ha llevado a cabo un gran despliegue de la Guardia Nacional, lo que ha significado la militarización en las dos fronteras (sur y norte), con las “graves consecuencias que eso conlleva”. 

“En general el panorama es de enorme preocupación… hay violaciones sistemáticas a los derechos de estas personas y criminalización a quienes se organizan o los apoyan. Lejos de ser una cuestión que solo responde a las solicitudes de EEUU, implica también omisiones y acciones del Gobierno mexicano que lo pueden hacer incurrir en responsabilidad internacional”, advirtió Martino.

“Riesgo para la soberanía y seguridad nacional” de México

Para la subdirectora de Cejil, una de las diferentes manifestaciones de dicha criminalización es el discurso público, que muchas veces implica la legitimación de ataques por parte de otros sectores, “porque el Gobierno ha identificado los flujos migratorios como un riesgo para su soberanía y su seguridad nacional".

"Ese es un primer enorme problema, y hay medidas que se desprenden de eso, como por ejemplo, exigir a transportistas públicos que transporten a migrantes en sus buses si no tienen ciertos documentos; eso implica que quienes necesiten desplazarse para pedir protección internacional utilicen vías mucho más peligrosas o transportistas que hacen parte de redes criminales", advirtió Martino.

Pero también preocupa bastante la detención sistemática de personas, incluso niños y niñas solicitantes de protección internacional, una práctica contraria a los estándares internacionales, así como el incremento del presupuesto para el despliegue de la Guardia Nacional, mientras la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no tiene presupuesto suficiente “ni siquiera para atender solicitudes”. 

Se estima que más de 40 mil migrantes han solicitado refugio ante la Comar desde que entró en vigor a inicios del año.

Cuatro personas han muerto en custodia de autoridades mexicanas

Cejil advierte que adicional a los ataques y hostigamientos contra migrantes en México, hay denuncias de otras gravísimas violaciones contra ellos, como violencia sexual, robos o secuestros. Pero lo más grave, es que al menos cuatro personas han muerto en custodia de las autoridades mexicana, o con su participación, en lo que va del año.

El primero de los casos ocurrió el 15 de mayo y se trata de una niña de 10 años de nacionalidad guatemalteca que estaba en custodia en Ciudad de México. 

El 12 de junio, un migrante guatemalteco de 33 años falleció a causa de un paro cardiaco mientras era trasladado de una estación migratoria en el estado de Chiapas. 

El tercer caso también ocurrió en junio y es el de una joven de 19 años de El Salvador que “fue asesinada, en principio (obviamente debería estar en investigación), con participación de la Policía Federal”. 

Y el último fue el 6 agosto, y tiene que ver con un migrante de origen haitiano que llevaba más de 20 días de estar en estación migratoria Siglo XXI en Tapachula. “Según algunos testigos, agonizó toda la noche hasta morir”, detalló la abogada.

Finalmente, un elemento adicional que preocupa al Cejil y demás organizaciones, y que es expuesto ante la CIDH, es la militarización del país, “contraria a las obligaciones de los Estados”. 

Martino subrayó que las FFMM “no tienen capacitación ni están pensadas” para hacer tareas de seguridad ciudadana. “Eso es otro de los elementos que nos preocupa. Esa tendencia a la militarización y a tener a la Guardia Nacional haciendo funciones en un marco de la gestión de la migración”, añadió.

De acuerdo a Cejil, se han realizado operativos con hasta 300 agentes de seguridad de diferentes corporaciones que se despliegan en un determinado momento, que generan muchísimo temor en las personas migrantes y prácticas de mayor vulnerabilidad.

Las estaciones migratorias y albergues en México están “completamente rebasados” debido a esa práctica “sistemática de detenciones”. Y en las ciudades fronterizas, tanto del norte como del sur, hay personas hasta en los parques, “durmiendo en condiciones de muchísima precariedad”.

El llamado al Estado mexicano

Marcela Martino advierte que, mientras EEUU continúe implementando este tipo de políticas y México no adopte otras medidas, y se siga deteniendo a personas que están solicitando protección internacional, "lamentablemente veremos que esto se va a profundizar".

Durante la audiencia, Cejil le solicitará a la Comisión que vaya a México y haga una visita in situ, tanto a la frontera norte como a la frontera sur, para "constatar la situación actual".

"La única ruta es que el Estado mexicano cambie la forma en que está gestionando la migración, que retire la Guardia Nacional de tareas vinculadas con eso y que refuerce a la Comar y demás instituciones que deben dar atención a las personas migrantes", afirmó.

Según datos de la Comar, entre enero y agosto de este año, México ha recibido 48,254 solicitudes de asilo. Esta cifra supera por 20,000 todos los registros del 2018, pero podría superar las 80,000 solicitudes al finalizar 2019.

El coordinador general de la Comar, Andrés Ramírez, dijo en entrevista para el diario Expansión Política, que preocupa en gran medida el plan de Estados Unidos para negar asilo a migrantes indocumentados si antes no presentaron una petición en un país de tránsito, como México, pues el país azteca “no está preparado para atender este fenómeno migratorio” y no hay certeza de cuánto pueda empeorar.