La Policía irrumpió el martes en la Universidad de Lleida en Cataluña, España, y arrestó al rapero Pablo Hasél, que se había atrincherado junto a una decena de simpatizantes en la institución para evitar su detención.

Hasél, cuyo verdadero nombre es Pablo Rivadulla, fue acusado de glorificar al terrorismo e insultar a la monarquía y las instituciones estatales en una serie de tuits. El rapero tenía hasta el viernes pasado para entregarse voluntariamente, pero decidió refugiarse en el instituto para evitar una condena de cárcel.

Diferentes sectores del Gobierno español y organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional han catalogado la sentencia de Hasél como "injusta".

Algunos de los tuits que le dieron una sentencia de prisión de nueve meses incluyeron llamar al exrey español, Juan Carlos (actualmente exiliado en Abu Dabi en medio de acusaciones de corrupción), ladrón y jefe de la mafia, y acusar a la Policía española de tortura e impunidad.

Además de realizar manifestaciones en Barcelona y Lleida, más de 200 artistas españoles, incluido el director de cine Pedro Almodóvar y el actor Javier Bardem, firmaron una petición para pedir la libertad de Hasél y exigir al Gobierno español cambiar las leyes de libertad de expresión.

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"Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente", señalaron en el comunicado, en el que exigieron que el Gobierno elimine del Código Penal "este tipo de delitos que no hacen sino cercenar el derecho, no solo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística".

Los firmantes también resaltaron la ironía de las leyes de libertad de expresión de España después de que unas 300 personas asistieran a un mitin neonazi en Madrid durante el fin de semana.

Allí, uno de los manifestantes fue grabado diciendo: “El enemigo siempre será el mismo, aunque con máscaras distintas: el judío… El judío es el culpable”. Varias personas han pedido una investigación sobre el hecho, pero la Policía no ha informado públicamente si está investigando el incidente.

De esta forma, Rivadulla se une a una creciente lista de personas que han recibido cargos similares por tuits o expresiones artísticas con contenido político.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en contra de España en tres ocasiones debido a que la ley española declara ilegal insultar a la monarquía. Según el tribunal, esto era contrario a la libertad de expresión, que está consagrada en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La semana pasada, miembros del Gobierno de coalición de izquierda de España dijeron que revisarán las leyes sobre "delitos de expresión".

*Juan Felipe Vélez Rojas contribuyó con la redacción de esta nota.