Petare: violencia desmedida en el barrio más grande de América Latina

Petare se levanta en el extremo este de Caracas como un gigante de callejones estrechos, intrincados, oscuros, apretados entre casas improvisadas, donde viven más de un millón de personas. Este es considerado el barrio más grande de América Latina y también uno de los más violentos.

En la capital venezolana, las tasas de homicidios más elevadas se concentran en los municipios más pobres, que son Sucre, donde está Petare, y Libertador, en el centro-oeste. En ambos municipios, las víctimas son en su mayoría hombres jóvenes y las muertes son causadas principalmente por armas de fuego.

Nelly Larco trabaja en la Alcaldía de Sucre y es líder comunal del sector El Dorado de Petare. Ella dice que la entrada de jóvenes a bandas delincuenciales u otros grupos armados puede explicarse desde la crisis económica del país. “Antes que inseguridad, un problema principal es la dificultad para obtener alimentos, que no es exclusiva de Petare sino de toda Venezuela. El sueldo no alcanza para comprar comida importada, que es la única que hay. Un kilo de azúcar puede costar un poco menos o poco más que una quincena… ¿para qué un joven va a trabajar si sabe que la plata no alcanza para nada? ¿Qué esperanza tiene un recién graduado en un país así?”.

Dinero fácil, moda, droga, estatus, poder, son las constantes por las cuales miles de jóvenes de estos barrios terminan siendo víctimas o victimarios. A falta de canales formales de inclusión laboral e ingresos, las vías más expeditas para conseguir recursos son las economías ilícitas. “Cometiendo delitos o vendiendo drogas ganan más, pueden comprar buena ropa, tienen a las mejores mujeres. Eso lamentablemente vale mucho en Petare, donde reina la pobreza y se han perdido los valores”, dice Larco.

La líder comunal habla con la Agencia Anadolu sentada sobre las gradas de la cancha de fútbol del séptimo piso de un enorme gimnasio vertical construido en medio de El Dorado. Este gimnasio es una de las pocas iniciativas que se han desarrollado para que los jóvenes ocupen su tiempo en algo diferente a la ilegalidad y la violencia.

Vilma Vaamonde, miembro del concejo comunal de El Dorado, fue una de las fundadoras del gimnasio vertical. Recuerda que antes había allí un terreno baldío y lleno de basura, que era cuna de delincuencia e indigencia. La comunidad tardó años en que se escucharan sus propuestas de renovar el espacio y hacer este complejo en el que hoy algunos petareños hacen bailoterapia, yoga, taichí, boxeo, fútbol, entre otras. Dice Vaamonde que esto les ha mejorado la vida a varios jóvenes, y de hecho en El Dorado la violencia se ha reducido en los últimos años, sin embargo en el resto de Petare hay una intensa actividad de actores armados y delincuencia.

En el sector conocido como 1 de Noviembre, Andrés Páez nos espera frente a un grafiti enorme que tiene el rostro del expresidente Hugo Chávez. Páez es representante de Petare Norte en el Consejo del Municipio de Sucre, por el partido opositor Primero Justicia. El concejal explica que en Petare Norte hay más de 23 barrios y “se puede decir que por cada barrio hay al menos dos bandas criminales. Esto es así no solo en Petare Norte, sino en todo Petare, donde hay dos mil barrios, haga usted las cuentas”.

En los últimos meses cierto entendimiento entre las bandas ha traído una relativa tranquilidad. “Los malandros no se meten con gente de su mismo barrio, más bien tienen enfrentamientos con bandas de otros barrios y cometen delitos en otros sectores de Petare y Caracas”, dice Páez. Ahora a las bandas les interesa hacer labor social dentro de sus territorios. Traen colchones, hacen actividades para niños, ponen dinero para la iluminación en los sectores más oscuros para “mejorar la seguridad”.

Se ha llegado al punto en que las bandas delincuenciales cuidan a los habitantes. Esto le pasa a diario a Alexandra Evaristo, líder comunal de barrio Bolívar, ubicado en la cima de una loma donde está el conocido sector de La Bombilla. Durante las caminatas que hace en la madrugada para ir a conseguir agua, debido a que en este sector no llega el servicio hace más de dos meses, o algunos alimentos, cuyo precio se puede triplicar si se compran en la parte alta, no es la policía sino las bandas las que la protegen. “Si le digo la verdad, aquí le tenemos más miedo a la policía que a las bandas. Nos hacen más daño las autoridades. Es un sinsentido, pero así es”.

En Petare, estas bandas son uno entre una diversidad de actores armados. La socióloga Verónica Zubiliaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar, que se ha dedicado a la investigación sobre violencia urbana y hace parte de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), asegura que en zonas como esta se pueden encontrar además de bandas delincuenciales, organizaciones más sofisticadas que se dedican al secuestro y al crimen organizado, así como los llamados colectivos.

Sobre los colectivos, la experta dice que en general estos se entienden como grupos comunitarios de trabajo. “Ahora bien, están los colectivos armados, entre estos los más tradicionales son los del barrio 23 de Enero, fuertemente ideologizados del lado del gobierno. Hay una emergencia de otros actores armados que son identificados como colectivos, pero cuando uno los estudia parecen más bien policías enmascarados que actúan por cuenta propia; y hay otros que no tienen máscaras y que actúan, por ejemplo, en la distribución de alimentos”.

El concejal Páez asegura que los colectivos armados son como las bandas, pero políticas. Según él, estos son una consecuencia de lo que dejó el expresidente Hugo Chávez para proteger a su gente. Chávez solía hablar una “revolución pacífica pero armada”, argumento con el cual se importaron muchas armas al país para entregárselas a los civiles, y las armas empezaron a tener un rol clave en la política. “En vez de proteger esa revolución, el colectivo usa el poder de las armas y roba plata, delinque, con el agravamiento de estar amparado por el Estado. Aquí se han visto enfrentamientos entre colectivos que tratan de robar y bandas delincuenciales que se resisten, y en esos enfrentamientos también mueren civiles. La misma comunidad en ocasiones se ha enfrentado a los colectivos”.

En medio de esta profusión de actores armados, se hace evidente uno de los problemas claves de la violencia en Petare, extensivo a otros sectores de Caracas y Venezuela: hay demasiadas armas en circulación y es demasiado fácil conseguirlas. Por un lado, el gobierno ha entregado armas a los civiles. Por el otro, las armas circulan sin control en el mercado negro y hasta algunos miembros de las autoridades estatales las venden para hacer algo de dinero.

Según Zubiliaga, quien fue parte de la extinta Comisión Presidencial para el Control de Armas y el Desarme, alrededor del 90% de las muertes en Venezuela son causadas por armas de fuego. Esto hace que este país sea en Latinoamérica, después de Puerto Rico, el que tiene la mayor cantidad de muertes ocasionadas por estas armas.

Hay ejemplos frescos de cómo hoy las armas siguen teniendo un papel relevante en la política: en junio de este año el presidente Nicolás Maduro dijo que si la Revolución Bolivariana fuese destruida, “lo que no se pudo lograr con los votos, se logrará con las armas”. En abril aseguró que el gobierno expandiría a 500 mil los milicianos armados por todo el país. En enero, con fusil en mano, dijo que repartirían 10 o 20 mil fusiles en las zonas populares para proteger la soberanía nacional. En barrios como Petare, esto se traduce en más muertos.

¿Qué se ha hecho contra la violencia?

Tradicionalmente el gobierno ha hecho operativos militarizados para enfrentar la criminalidad y la violencia. En 2010 comenzó con el Dispositivo Centenario Seguridad. Para entonces, las tasas de homicidio en el país eran de 45 por cada 100 mil habitantes. Dos años después, el Operativo Patria Segura conllevó una expansión de retenes militarizados y masiva encarcelación de hombres jóvenes en sectores populares. Para ese año la tasa se ubicaba en 53 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Desde 2015 el gobierno inició un plan llamado Organización para la Liberación del Pueblo (OLP). El concejal Páez explica que esto consiste en que llegan encapuchados a los barrios, se meten por los callejones, entran a las casas y sacan a golpes al que crean que es un delincuente. “En esas operaciones, por lo menos en Petare, han caído amigos que van en la mañana a trabajar. Han limpiado un poco las bandas, pero no es la forma, porque han cometido delitos, violaciones contra los DDHH y han asesinado gente inocente”. 

El gobierno dejó de publicar las cifras oficiales sobre homicidios en 2008. Solo hasta marzo de este año, la entonces fiscal Luisa Ortega anunció que en 2016 hubo 21.752 homicidios en Venezuela y que más de la mitad de las víctimas fueron jóvenes entre 15 y 30 años. Del total de muertos, 4.667 fueron responsabilidad de fuerzas estatales (es decir, el 21%). Solo la operación OLP generó 241 muertes el año pasado. La tasa de homicidios en Venezuela en 2016 llegaba a 70 por cada 100 mil habitantes, según el Ministerio Público. La de Caracas, según proyecciones de distintas organizaciones independientes, llegaba a los 90 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Según esto, Venezuela es después de El Salvador el país más violento de las Américas, y Caracas es una de las capitales más violentas del mundo.

A falta de información confiable por parte del Estado, se han creado proyectos como Caracas Mi Convive, que impulsa un Monitor de Víctimas para levantar información sobre homicidios, mediante una alianza con líderes comunales y periodistas. Según los datos recogidos, en Petare es donde más matan gente en la capital venezolana. “Entre mayo y julio de este año se han registrado por lo menos 450 homicidios, cerca del 35% de estos fueron cometidos por funcionarios del Estado. Cerca del 18% están asociados a bandas criminales. Por cada 5 homicidios, se generan en promedio 4 niños huérfanos”, dice Juan Francisco Mejía, director de Caracas Mi Convive.