Según un nuevo informe, en casi dos décadas, los tribunales indios otorgaron el mayor número de penas de muerte el año pasado.

El diario local The Indian Express publicó el informe: “Pena de muerte en la India: Informe anual de estadísticas 2018”, realizado por la Universidad Nacional de Derecho de Nueva Delhi. El manuscrito indica que los tribunales dictaron 162 sentencias de muerte en 2018, que son las más altas desde el 2000.

India es uno de los países donde la pena de muerte todavía es legal. En 2017, los tribunales indios habían impuesto la pena capital a 108 personas.

El diario señaló que el aumento de las penas de muerte podría ser el resultado de una enmienda en la ley, en virtud de la cual se puede aplicar la pena capital a las personas condenadas por violaciones individuales y en grupo de niñas menores de 12 años.

El 16 de diciembre de 2012, una estudiante de 23 años fue brutalmente agredida con varillas de hierro y secuestrada en un autobús privado en la capital, Nueva Delhi, un crimen horrible que despertó la ira en la India. En aquel momento, el gobierno estableció un panel que sugirió cambios en el Código Penal de la India (IPC), que posteriormente fueron adoptados por el Parlamento de la India en agosto de 2018.

Según el informe, ocho de los 29 estados indios (Arunachal Pradesh, Goa, Jammu y Cachemira, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim y Tripura) no otorgaron ninguna sentencia de muerte durante este período.

El informe señala que la mayoría de las penas de muerte fueron otorgadas por los tribunales de juicio, que pueden ser impugnadas en el Tribunal Supremo de la India.

El año pasado, la Corte Suprema conmutó las sentencias de muerte a cadena perpetua en 11 de los 12 casos que escuchó, puntualizó el diario.

El aumento de la pena capital ha provocado un debate en la India.

Rebecca John, una abogada india, dijo a The Wire, un sitio web de noticias local: "Este esquema es una seria anulación de todos los principios constitucionales establecidos durante décadas por los tribunales de justicia y representa una amenaza directa al derecho fundamental a la vida y la libertad".

*Carolina Zúñiga contribuyó con la redacción de esta nota.