Pedro Sánchez busca reforma constitucional para eliminar aforamientos
El Gobierno español espera el apoyo de todas las fuerzas políticas para retirar los beneficios con los que cuentan las personas que ocupan ciertos cargos y que así se sometan a la justicia ordinaria.

Colombia
El Gobierno español anunció su intención de reformar la Constitución para suprimir los aforamientos en el país. Sería una medida exprés, pues La Moncloa quiere que entre en vigor en dos meses.
"Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución podrá entrar en vigor en tan solo sesenta días desde que se inicie su tramitación en el Congreso", dijo el presidente Pedro Sánchez durante un evento en la Casa de América que coincide con sus 100 días de Gobierno.
Madrid espera el respaldo del conjunto del Legislativo, pues esta proposición ya ha sido planteada por otras fuerzas políticas como PP, Podemos o Ciudadanos.
Luego del anuncio, el Ejecutivo detalló que la reforma no implica la eliminación completa de esta figura de protección sino una reducción de la misma, pues afectará únicamente a cargos públicos y para las cuestiones ajenas al ejercicio de sus funciones.
La propuesta de Sánchez sería llevada este viernes ante el Consejo de Ministros.
La prensa local plantea dudas respecto a la iniciativa del mandatario socialista, como si incluirá o no delitos de corrupción. Según datos del diario ‘20 minutos’, se calcula que en España hay unos 10 mil aforados, un número elevado frente a otros países. El diario El País, por su parte, indica que son 250 mil, pero de ellos 232.000 no son políticos sino guardias civiles y policías nacionales, así como de comunidades autónomas.
El aforamiento es una figura en la cual se contempla que una persona en cargo público, ante la eventual comisión de un delito, sea juzgada por un tribunal distinto a los de primera instancia u ordinarios, que procesan a los ciudadanos corrientes.
En el caso de senadores y miembros del Gobierno, su investigación y juzgamiento le competen al Tribunal Superior de Justicia o al Supremo, mientras que para diputados y gobernantes de comunidades autónomas la competencia es para los tribunales superiores de dichas entidades territoriales.
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