Parlamento Europeo expresa preocupación por asesinatos de defensores de DDHH y exguerrilleros en Colombia

La Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (PE) expresó su preocupación por la situación de violencia en Colombia y por el alto número de asesinatos de defensores de derechos humanos, activistas y excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc.

Los eurodiputados escucharon a los titulares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión de la Verdad (órganos de la justicia transicional en Colombia), al alto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, y al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), una organización de la sociedad civil, quienes presentaron los avances y retos de la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016.

La sesión fue liderada por la secretaria de la subcomisión, Marie Arena, quien recalcó la preocupación del legislativo europeo por la ola de violencia en el país y la impunidad alrededor de los cientos de homicidios de líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes de Farc y de miembros de comunidades indígenas.

Al respecto, el consejero presidencial colombiano aseguró que es importante tener en cuenta que “cuando se firmó el acuerdo, el ELN, el Clan del Golfo, los Caparros, Puntilleros y disidencias de Farc (grupos armados ilegales) ya existían”, por lo que “pensar que la implementación era suficiente para lograr una paz estable y duradera era solo un titular. Eso no es así”.

Archila aseguró que “no puede pensarse que esas otras violencias son atribuibles a la falta de implementación de los acuerdos”, pero resaltó que se debe “darle solución a la implementación y a estos problemas” de violencia generados por los grupos ilegales.

Aun así, el funcionario colombiano destacó que la ejecución del acuerdo y mantener 13 mil excombatientes en proceso de reincorporación ha tenido un “efecto positivo en la reducción de la violencia”.

El diputado Javi López hizo un llamado por la “implementación integral” de los Acuerdos y resaltó las “preocupantes noticias sobre la inseguridad pública de líderes sociales” y de excombatientes.

El diplomático español Jordi Solé resaltó que, entrando en el quinto aniversario de la firma del acuerdo, Colombia atraviesa “un aumento de la violencia”.

“El 2020 ha sido el año con más asesinatos desde la firma de los acuerdos y esto nos preocupa. La persistencia de grupos paramilitares, ya existían, sí, pero la persistencia tiene impacto negativo en la paz. Las instituciones judiciales y el Gobierno deben trabajar para evitar que persista esta escalada de violencia”, manifestó.

Solé también se mostró de acuerdo en adoptar una resolución desde el seno del Parlamento Europeo en relación con la situación actual del proceso de paz.

El diputado Miguel Urban condenó los “centenares de asesinatos” en territorio colombiano y aseveró que la “construcción de paz pasa por proteger la vida” de estas personas.

Por su parte, Veronique Lorenzo lamentó que la paz en Colombia “está pasando por un momento frágil” y que “el sistema de justicia transicional es clave para el éxito del proceso”.

Tras deplorar las altas cifras de asesinatos y reiterar el apoyo a la implementación de la paz, la diplomática Izaskun Bilbao pidió datos y números más exactos sobre la gestión que está realizando el sistema de justicia transicional para evaluar los problemas que se presentan alrededor de la etapa de construcción de paz.

Las preocupaciones de la sociedad civil

El abogado Sebastián Escobar, del Cajar, expuso las preocupaciones de la sociedad civil para este quinto año de implementación de los acuerdos.

El jurista afirmó que “preocupa que estando a menos de un año del cierre de funciones de la Comisión, persista la falta de compromiso del Gobierno Nacional para facilitar el acceso a la información necesaria para el cumplimiento del mandato”.

“En especial, la información de organismos de inteligencia que han participado históricamente en graves y masivas violaciones a los derechos humanos”, expresó.

Por otro lado, Escobar reiteró la preocupación de que la “inercia del Estado y la falta de fuentes de financiación frente a temas relevantes del proceso de paz pueda afectar el cumplimiento de las recomendaciones del informe final, y en particular, las propuestas de garantías de no repetición”.

Y respecto a la JEP, destacó que la Jurisdicción “ha tenido que cumplir su mandato en medio de presiones y acusaciones injustificadas del Gobierno Nacional”.

El vocero del Cajar también denunció los efectos que podría tener una directiva interna de la Fiscalía colombiana, que ha sido objeto de denuncias sobre trabas a la implementación, que “determina la suspensión de las investigaciones sobre crímenes del conflicto”.

El Colectivo de Abogados hizo tres peticiones particulares al Parlamento Europeo: por un lado, realizar una declaración política para instar al Gobierno Duque a “cumplir de buena fe el acuerdo de paz, y no mediante mecanismos paralelos con fórmulas para desconocer lo pactado”.

También pidió al PE realizar una “misión en Colombia”, ya sea presencial o virtual, para realizar una “veeduría sobre la ejecución y destinación de los recursos aportados al Acuerdo de Paz en el marco de la cooperación internacional”.

Y finalmente, sugirió una declaración política pidiéndole a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a “mantener el examen preliminar sobre la situación colombiana".

El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP; Luz Marina Monzón, de la UBPD, y el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, expusieron un balance de su gestión.

Pero los titulares de estos organismos extrajudiciales también hicieron llamados a la comunidad europea para que mantenga el apoyo a “la implementación del acuerdo y a las instituciones” de la justicia transicional, y al Gobierno de Iván Duque para que apoye las acciones tendientes a “garantizar que los mecanismos de sistema puedan cumplir con su misión” y que se haga frente a la situación de violencia que vive el país.