Por: Alejandro Melgoza Rocha

Desde que el pasado 1 de febrero el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, partido al cual pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció una iniciativa para regular las redes sociales, las organizaciones civiles han alertado que la propuesta disfraza violaciones a la libertad de expresión, censura y control de los contenidos en internet.

Agneris Sampieri, abogada de la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D), advirtió en entrevista con la Agencia Anadolu que, dos de los principales riesgos que han detectado, son tanto la ambigüedad con la que definen a las redes sociales, pues se podría ampliar a otras plataformas digitales, así como el establecimiento de un “árbitro estatal” encargado de autorizar quién tiene derecho.

“La definición de ‘redes sociales relevantes’ es una definición demasiado amplia que termina considerando como red social, casi a cualquier sitio de internet, como Wikipedia, Reddit e incluso portales de noticias que pudieran permitir comentarios y hasta aplicaciones de mensajería como Telegram”, dice Sampieri.

Sobre el término “redes sociales relevantes”, este fue acuñado por el Gobierno mexicano dentro de la iniciativa para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), y así serán consideradas aquellas que posean más de un millón de usuarios o suscriptores. El regulador se propuso que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), quien estaría encargado de registrar, revisar y autorizar a las plataformas y, en caso de incumplirse normas, sancionar con multas.

“O sea, el millón de personas para tomarlo como referencia es sumamente problemático y arbitrario y no tiene alguna razón de ser. Y todo esto, en conjunto, que se requiera autorización para funcionar, termina siendo una medida que habilita formas de censura previa y que un árbitro estatal va a ser el encargado de decir quién si tiene derecho a operar en la legalidad y quiénes no”, añade la abogada.

Según Sampieri, este tipo de iniciativas no suceden en países democráticos que están suscritos a tratados internacionales. “Es sumamente innecesario y claramente inconstitucional e inconvencional”, advierte la abogada, quien señala que abre una “caja de pandora” para reformas futuras con mayor peligro.

Cuestionada sobre una posible similitud con regulaciones estatales de internet, como las de China, la experta señala que no se atrevería a compararla en este momento, sin embargo, aclara que “puede abrir camino para que con el tiempo puedan existir reformas para tener mecanismos de control de las expresiones en internet […] Si bien no se hacen expresas ese tipo de situaciones las reformas que se están proponiendo tras esta iniciativa son sumamente peligrosas y pueden ser la apertura de una caja de pandora para modificar el internet completamente como lo conocemos”.

Ver también: Coronavirus: ¿el inicio de sofisticados sistemas de vigilancia a los movimientos de los migrantes? 

Ley Monreal

Esta propuesta de ley fue lanzada por el senador Ricardo Monreal, jefe del grupo parlamentario de Morena en el Senado, quien es considerado el alfil de López Obrador en la Cámara alta, para empujar iniciativas que se cocinan desde Palacio Nacional. El propio senador advirtió el pasado 1 de febrero que con esa iniciativa de ley “no se trata de censurar, eliminar u obstaculizar el derecho a la libre expresión, sino de protegerlo”.

Sin embargo, que sea Monreal, no solo recae en la casualidad de su cargo y su cercanía con el presidente, sino que tiene antecedentes de promover iniciativas para el control de plataformas. La abogada Sampieri recuerda cuando el senador propuso en mayo de 2020 la iniciativa del “derecho al olvido” que se suscita en el contexto europeo.

Respecto a la iniciativa presentada en el Senado, el presidente López Obrador apuntó este miércoles que no es "partidario" de ese tipo de regulaciones, sin embargo, matizó que está en su derecho de proponerla el legislador de la bancada de Morena.

“Es inviable y contrario a derecho en nuestro contexto. Nuestro contexto no da para habilitar esos mecanismos que son interpretados como censura e intentos de ser utilizados en contra de los medios de comunicación y no a las grandes plataformas”, aclara la abogada.

Por otra parte, no solo R3D se ha pronunciado contra esta reciente ley, sino también organizaciones como Articulo 19, quien en un comunicado, señaló: “Nos preocupa la insistencia que el Senador Monreal ha mostrado hacia regular las interacciones y los contenidos en Internet y su uso, aunado a la inaplicación de principios, nociones y fundamentos existentes para garantizar el ejercicio de derecho humanos en línea”.

“Hacemos un llamado al Senador para que promueva una discusión abierta a través de sesiones de parlamento abierto que incluya a las múltiples partes interesadas como la academia, la comunidad técnica, el sector privado, la sociedad civil y otros actores de Gobierno”, afirma.

Sumado a los posibles atentados a la libertad de expresión expresados por las organizaciones, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) –que está formada por miembros como Amazon, Google, Facebook y Twitter- alertó que esta ley sería una afrenta contra el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ver también: Influenciadores opositores: el nuevo dolor de cabeza de Putin 

“De aprobarse, se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red, al tratar con un carácter nacional un fenómeno global y transjurisdiccional, al mismo tiempo que desincentiva la innovación al imponer barreras de entrada”, señalaron.

Sampieri adelantó que, por ahora, quedan alrededor de tres semanas para ser presentada la iniciativa, y donde las organizaciones continuarán difundiendo información y acercándose a legisladores para alertarlos sobre el “impacto contraproducente” que podrá suscitarse en caso de que sea aprobado. No obstante, señaló que Monreal no ha tenido apertura con la sociedad civil experta en la materia.

“Se ha negado a tener un debate plural y abierto. Ha rechazado de forma expresa tener un diálogo con las organizaciones […] En el peor de los casos, definitivamente, si la ley es presentada así como está, sería momento de tomar medidas jurisdiccionales para evitar que sea aplicable esta ley”, explica.

Para la abogada parece ser un “acto deliberado” donde se pase de la “censura privada a la censura estatal”, pues ya en el pasado las experiencias les han demostrado que eso sucede cuando políticos o figuras públicas aluden a la “protección de datos personales”.

“Hemos defendido a medios de comunicación donde las figuras públicas pretenden utilizar esa figura de protección de datos personales para censurar noticias sobre actos de corrupción”, concluye Sampieri.