Un grupo de organizaciones civiles condenaron la masacre ocurrida el pasado jueves en el municipio de Tumaco (Nariño), al suroeste de Colombia, y responsabilizaron al Estado colombiano por la muerte de los seis campesinos en un ataque de la Policía Antinarcóticos.

El Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (OCCDI Global) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) rechazaron las declaraciones del gobierno sobre la situación, descartaron una posible responsabilidad de disidencias de las Farc en los ataques, al tiempo que criticaron fuertemente la erradicación forzada de coca y el excesivo uso de la fuerza contra la población cultivadora en la región.

“Sumamos nuestra voz de solidaridad y respaldo a las exigencias de los campesinos afros e indígenas que reclaman el esclarecimiento de los hechos”, aseguró Pedro Arenas, director del Observatorio.

Las ONG pidieron que tanto organizaciones nacionales como internacionales apoyen la investigación de lo sucedido, que calificaron de “supremamente grave” y la responsabilidad de “quien quiera que haya dado la orden de disparar”.

“Los hechos de Tumaco reflejan el abandono de las comunidades negras del andén Pacífico y la frontera nariñense, así como de la inadecuada, paquidérmica e injusta política de drogas de los últimos cuatro presidentes de Colombia y liderada por el gobierno de Estados Unidos”, agregó Arenas.

El director de Indepaz, Camilo González Posso, afirmó que “la controvertida política de drogas está llevando al traste los avances alcanzados en el acuerdo de paz” con las Farc.

“Llamamos al Gobierno a privilegiar de forma decidida la integralidad de la sustitución con todos los enfoques y consideraciones contenidos en el acuerdo”, al tiempo que elimine la exigencia de una erradicación previa como requisito para que las familias accedan a programas sociales, reiteró Arenas.

El vocero anunció que radicarán una petición al respecto ante la Presidencia de la República.

González afirmó por su parte que las primeras declaraciones del presidente Juan Manuel Santos fueron “precipitadas y desafortunadas”.

“La tesis de que el conflicto de Tumaco es de una disidencia de las Farc no tiene ningún sustento”, añadió González al confirmar que alias ‘Guacho’ (exintegrante de las Farc) y organizaciones armadas se encontraban como mínimo a unos 10 km del lugar del ataque.

El director de Indepaz mencionó el informe de la Defensoría del Pueblo que indica que los manifestantes aseguraron haber acudido a la protesta voluntariamente y en el que negaron la injerencia de grupos armados ilegales.

Además, hizo referencia al reporte del Instituto de Medicina Legal en el que se confirmó que los ataques contra los campesinos fueron perpetrados con proyectiles de alta velocidad y a media distancia y no con armas no convencionales, como tatucos o cilindros bomba, característicos de organizaciones al margen de la ley.

Las organizaciones alertaron que de mantenerse la política de erradicación forzada de cultivos ilícitos, este tipo de acontecimientos se seguirá presentando.

También declararon que si se cumple la meta del Gobierno de erradicar 50.000 hectáreas para este año, 70 familias estarán en la absoluta indigencia.

González señaló que es posible que haya otros cuerpos enterrados en la zona del ataque, por lo que se hace necesario que la misión humanitaria llegue hasta allá.

Las organizaciones, en nombre de otros grupos sociales, anunciaron que le exigirán al gobierno un cambio en la estrategia antidrogas, así como una implementación integral de los acuerdos de paz en lo que respecta a los cultivos ilícitos, pues afirmaron que se ha militarizado la solución a la economía de los cultivos.

La Policía Nacional de Colombia anunció este lunes en la madrugada que suspendió a cuatro policías por lo ocurrido en el suroeste del país, a la vez que se excusó por la situación ocurrida el domingo, en la que una misión humanitaria fue atacada por sus uniformados cuando intentaba llegar a la zona para verificar los hechos.