Desplazados por la violencia del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, noroccidente de Colombia, dieron detalles de la tragedia humanitaria que vive esta zona del país a raíz de la violencia.

Durante una rueda de prensa desde la ciudad de Medellín, la organización Movimiento Ríos Vivos le pidió al Gobierno Nacional que se habiliten todas las vías de acceso posibles (terrestre, fluvial, aéreo) para permitir el ingreso urgente de ayuda humanitaria para los cerca de cuatro mil desplazados.

“Consideramos de suma urgencia que se adecue el aeropuerto y se restablezca su servicio civil, les sea garantizado a las familias desplazadas un alojamiento digno, colchonetas, abrigo, alimentación suficiente y oportuna, elementos de higiene, atención en salud y psicosocial”, dice esta ONG.

Hasta ahora, el único acceso disponible que hay en este momento es el helipuerto del Ejército.

Al mismo tiempo, le exigen a la Fiscalía General de la Nación que “supere el estado de impunidad en que permanece el delito de lesa humanidad del desplazamiento forzado” y judicialice a los responsables para impedir que esta situación se siga repitiendo.

Igualmente, afirma que “es necesario que la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio del Interior, Naciones Unidas y las alcaldías de la zona deleguen un equipo interdisciplinario para atender la crítica situación que vive Ituango pero que se está extendiendo hacia los municipios vecinos”.

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La líder del Movimiento Ríos Vivos, Isabel Zuleta, afirma que es “preciso abordar las causas estructurales del desplazamiento, los intereses sobre el territorio y al servicio de quién están los grupos armados”.

Durante la rueda de prensa, uno de los campesinos desplazados denunció que el alcalde de Ituango, Edwin Mauricio Mira Sepúlveda, les ha negado ayuda.

Según relató Jaiber Graciano, cuando ellos le pidieron auxilio a Mira por la trágica situación que enfrentan, él les respondió “que no había plata”.

Sumado a lo anterior, Isabel Zuleta advierte que Ríos Vivos tiene una denuncia en la Fiscalía por bloqueo de vías, pero no hay ninguna acción penal “contra los criminales que están desplazando a la población” en esta zona del país.

Dicha denuncia habría sido interpuesta por el propio alcalde Mira, según el movimiento.

La crítica situación de orden público está obligando a salir de sus tierras a los pobladores de 135 veredas de la zona rural de Ituango y están llegando a los cascos urbanos cercanos, en los municipios de Ituango, San Andrés de Cuerquia o Peque, refugiándose en escuelas que ya no dan abasto por la cifra tan alta de damnificados.

“Muchas de las familias están durmiendo en el piso, sin colchoneta ni abrigo, no hay suficientes alimentos ni elementos de aseo como toallas higiénicas, pañales para adultos, niños y niñas, también escasea la ropa para hombres. Un desplazamiento masivo y forzado, un éxodo que se expande, miles de personas en medio de una pandemia y el confinamiento del municipio provocado por los múltiples derrumbes que destruyeron varios puntos de la única vía de acceso”, precisa Ríos Vivos en una nota de prensa.

La ONG explica que esta situación no es nueva y que ya se sabía desde enero de 2020. Desde entonces se ha denunciado el riesgo al que estaban expuestos los campesinos por la acción de grupos armados como las disidencias de Farc que operan en la zona, comandadas por alias ‘Camilo’, así como las denominadas Autodefensas Gaitanistas, el Clan del Golfo, residuos de grupos paramilitares a quienes “no se les cumplió” el proceso de paz con los paramilitares que se hizo durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y los carteles mexicanos del narcotráfico.

También responsabilizan a grandes mineras que tienen intereses en las concesiones mineras que se van a aprobar.