Oposición de Malí: los militares no pueden gestionar la presidencia de transición
La Comunidad Económica de Estados de África Occidental dio un ultimátum a la junta militar golpista del país para que el 15 de septiembre entregue el poder a autoridades civiles.

TÚNEZ
Un día después del ultimátum dado a la junta militar que tomó el poder en Malí por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para que entregue el poder a autoridades civiles hasta el 15 de septiembre, es el turno de la principal plataforma de la oposición, Movimiento 5 de Junio-Rally de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP), de converger para evitar que el pueblo de Mali sea sancionado por la comunidad internacional.
Para el presidente del Comité Estratégico de M5-RFP, Choguel Kokala Maiga, los militares "no pueden gestionar la presidencia de transición, porque su misión no es jugar a la política, sino defender Malí y mantener segura su población”.
En una entrevista, publicada este martes por el diario electrónico Maliweb, Maigaa destacó que el Mahmoud Dicko, que encabezó la protesta contra el derrocado expresidente Ibrahim Boubacar Keita, "no querría que los resultados de la lucha se tradujeran en sanciones impuestas al pueblo maliense, por la comunidad internacional”, al hacer alusión al bloqueo impuesto a Malí por la CEDEAO y la Unión Africana el día siguiente del golpe de Estado Militar del 18 de agosto.
Ver también: Organismo de África Occidental insta a la junta de Malí a restaurar la democracia
La transición, cuyo período aún no se ha fijado definitivamente, estará en el centro de las discusiones durante las consultas nacionales de Malí, programadas del 10 al 12 de septiembre y que deberían conducir a la firma de una carta de transición, firmada por todas las partes relacionadas.
Para Maiga, el futuro presidente de Mali debe “tener un alto sentido de la responsabilidad, ser un patriota dedicado al deber y la administración de Mali. Estas son, entre otras, cualidades que nos gustaría”. Además, debe realizar reformas institucionales, administrativas y de seguridad.
El ahora depuesto presidente de Malí, Ibrahim Boubakar Keita, anunció su renuncia después de que él y el primer ministro, Boubou Cisse, fueran detenidos por soldados sublevados en el campamento militar de Kati el pasado 18 de agosto. Malí había sido sacudida por una ola de protestas durante varios meses en las que los manifestantes pedían la dimisión del presidente.
Tras este golpe, la CEDEAO decidió suspender a Malí de todas sus instituciones y todas las transacciones comerciales y financieras hasta la transferencia del poder a una autoridad civil. Por su parte, la Unión Africana también suspendió la membresía de Malí, un país sin ninguna apertura al mar. La comunidad internacional condenó el golpe.
La tensión estalló en Malí en 2012, luego de un fallido golpe de Estado y de la rebelión de los separatistas de la etnia tuareg, que finalmente permitió que grupos militantes vinculados a Al Qaeda tomaran el control de la mitad norte del país.
Keita, de 75 años, llegó al poder en 2013, pero ha sido criticado por la población local por no garantizar la protección contra los ataques terroristas, principalmente en el norte y centro del país.
Malí, uno de los países más pobres del mundo, ha sufrido durante años la presencia de varios grupos terroristas, a pesar de los pacificadores franceses, malienses y de la ONU, que llevan a cabo operaciones antiterroristas en la región.
Hasta la fecha no se ha podido implementar un acuerdo de paz que se firmó en 2015 entre el Gobierno de Malí y los grupos rebeldes tuareg.
*Aicha Sandoval Alaguna contribuyó con la redacción de esta nota.
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