El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, rechazó la extensión de dos años más del estado de emergencia en Myanmar por parte de la junta militar y advirtió que el país se aleja aún más de la administración democrática.

"Esta situación no nos lleva en la dirección correcta. Al contrario, nos está alejando más de lo que hemos estado pidiendo, lo que los Estados miembros han estado pidiendo, que es el regreso a un gobierno democrático, la liberación de todos los prisioneros políticos, el cese de la violencia y la represión", dijo Dujarric en una conferencia de prensa, al referirse a la decisión de la junta de extender el estado de emergencia hasta 2023 y posponer las elecciones.

Al señalar que al menos 930 personas, en su mayoría mujeres y niños, han perdido la vida en el país a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe del 1 de febrero, el portavoz dijo que miles de personas, incluidos políticos, escritores, defensores de los derechos humanos, periodistas y civiles han sido detenidos y están bajo custodia.

Agregó que la crisis posterior al golpe de Estado ha obstaculizado la entrega de asistencia, la educación, la salud y la lucha contra la pandemia de COVID-19.

Ver también: Líder militar golpista de Myanmar: ‘El estado de emergencia durará hasta 2023’

El general Min Aung Hlaing, que se tomó el poder en Myanmar con un golpe militar, anunció el 1 de agosto la extensión del estado de emergencia por dos años y se declaró primer ministro del gobierno interino.

El golpe de Estado de Myanmar

El Ejército de Myanmar tomó el control del Gobierno el pasado 1 de febrero, declaró el estado de emergencia y anunció que quedaría a cargo del poder político durante un año, tras denuncias de un supuesto fraude en las elecciones parlamentarias del 8 de noviembre de 2020.

El presidente Win Myint, junto con la líder de facto, Aung San Suu Kyi, así como otras figuras destacadas de la Liga Nacional para la Democracia, fueron detenidos por los militares bajo diversas acusaciones.

La ONU y la Unión Europea (UE) han condenado el golpe militar. Entre la comunidad internacional, Turquía ha sido uno de los países más críticos del accionar de los militares.

Los oficiales de alto rango bajo custodia están siendo juzgados en un tribunal militar mientras continúan las manifestaciones en todo el país.

La represión de la junta militar ha dejado 946 personas muertas desde febrero, según la Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos.

*Aicha Sandoval Alaguna contribuyó con la redacción de esta nota.