Susana Patricia Noguera Montoya
31 Octubre 2018•Actualizar: 31 Octubre 2018
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) denunció la criminalización de personas defensoras de derechos humanos de la comunidad indígena nahua de San Pedro Tlanixco, en el sur del país.
La entidad explicó que los líderes indígenas se encuentran en medio de un conflicto por el agua en este municipio de Tenango del Valle, Estado de México.
Pedro Sánchez, uno de los defensores detenidos, explicó que las autoridades concesionaron un río que nace desde San Pedro Tlanixco y las mesas de diálogo nunca resolvieron el conflicto. “El agua es muy importante para nosotros para consumo y uso agrícola”, explicó el líder.
En abril de 2003, según narran los miembros de la comunidad, Isaak Basso, un empresario floricultor de Villa Guerrero, murió en un arroyo de su pueblo, pero aún no se ha podido aclarar cómo pasó.
ONU-DH analizó el proceso que abrió la justicia mexicana luego de unos hechos y encontró que varios comuneros de Tlanixco fueron detenidos y seis defensores indígenas encarcelados. Pero especificó que la credibilidad de los testimonios que se usaron para el proceso “se ve seriamente socavada por incluir señalamientos contra personas que no podían estar en el lugar de los hechos”, afirmó el comunicado de ONU-DH.
Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, quienes defendían el derecho al agua en la comunidad de Tlanixco, fueron condenados a 50 años de prisión el 27 de noviembre de 2017.
En el análisis del caso, la ONU-DH observó problemas en el proceso como el no respeto del derecho al debido proceso legal en relación con la presunción de inocencia, la valoración de los testimonios, la individualización de la pena y la duración de la prisión preventiva.
“A 15 años de la muerte del señor Isaak Basso los hechos permanecen sin ser esclarecidos, tres personas han pasado más de 10 años en prisión sin recibir una sentencia”, dijo Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH.
El experto añadió que no se cuenta con “elementos de convicción suficientes más allá de toda duda razonable” para determinar la condena y “existen circunstancias que presumen un incumplimiento de las garantías del debido proceso”.
Por estas razones, los defensores de los líderes indígenas detenidos iniciaron un proceso de apelación. “El actual proceso de apelación es una oportunidad única para que el Poder Judicial repare los derechos violados”, concluye ONU-DH.
