La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos indicó este viernes que sigue recibiendo información sobre el uso indebido de cartuchos de gas lacrimógeno por personal de Carabineros, “en varios casos con consecuencias graves como traumatismos en el cráneo o pérdida de la visión”, especificó la entidad.

En la última semana, la Oficina recibió información de la muerte de una persona que, según informes preliminares, se debió al mal uso de armas no letales por parte de carabineros, lo que debe ser esclarecido por las autoridades.

ONU Derechos Humanos también ha recibido “relatos y registros audiovisuales recientes” sobre atropellos producidos por carros policiales y golpizas por parte de Carabineros, y en particular información de agresiones contra brigadas voluntarias de salud, periodistas, observadores de la sociedad civil e incluso del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

"Con estos antecedentes, ONU Derechos Humanos insta a que se realicen investigaciones prontas y completas para establecer la participación o responsabilidad de agentes del Estado y sus líneas jerárquicas, así como determinar si se trata de patrones o conductas reiteradas en el actuar policial”, indicó la entidad en un comunicado de prensa.

La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos emitió un informe con recomendaciones tras visitar Chile. Tres meses después, la entidad indica que se han puesto en marcha algunas medidas que van en la dirección correcta, pero son insuficientes. Entre los pasos positivos, señalan el aumento de cámaras corporales que registran la actuación policial.

Chile ha vivido una serie de manifestaciones sociales desde el 18 de octubre de 2019. En las primeras protestas miles de personas salieron a manifestarse en Chile en contra del alza en las tarifas del metro anunciadas por el Gobierno de Sebastián Piñera. Luego los ciudadanos empezaron a protestar en contra de la declaración de toques de queda que hizo el Gobierno en el marco de un estado de emergencia declarado por primera vez desde el fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Con el tiempo, los ciudadanos también empezaron a manifestar su descontento con otros temas como las fallas en el sistema pensional y la falta de derechos laborales. También resaltaron la necesidad de una nueva Constitución, ya que la actual fue creada en la época de la dictadura. Las sucesivas manifestaciones y la respuesta de la fuerza pública han dejado decenas de muertos y cientos de heridos.

En respuesta a las manifestaciones, el Gobierno suspendió el alza a las tarifas del metro, levantó el estado de emergencia, hizo cambios en el gabinete ministerial y acordó realizar un plebiscito en el que la ciudadanía decidirá si cambia la constitución y, en caso de que así se decida, elegirá un mecanismo para redactar la nueva carta magna. El Gobierno convocó a un plebiscito el 26 de abril de 2020 para determinar si se redacta una nueva carta magna y cuál será el mejor mecanismo para hacerlo.