Susana Patricia Noguera Montoya
27 Octubre 2018•Actualizar: 27 Octubre 2018
Un día después de que el Tribunal Superior Agrario de México reconociera los derechos territoriales a la comunidad de Choreachi, hombres armados asesinaron a Julián Carrillo, el hombre que por décadas defendió ese territorio indígena y su bosque de la tala criminal.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó este viernes el asesinato ocurrido el pasado 24 de octubre.
“Este caso debe ser una prioridad absoluta para el recién nombrado Fiscal Especializado en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada”, dijo Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.
Añadió que la justicia es innegablemente la principal medida de prevención. “Urge sentar un precedente positivo que mande una señal definitiva de que los homicidios de defensores de derechos humanos se investigan y se sancionan ejemplarmente”, aseguró.
Carrillo ya había sido víctima de reiteradas agresiones, incluidos los homicidios de sus familiares: Francisco Chaparro Carrillo, yerno, en julio de 2018; Alberto Quiñones Carrillo, sobrino, en septiembre de 2017; Guadalupe Carrillo Polanco, sobrino, en julio de 2016; y Víctor Carrillo Carrillo, hijo, en febrero de 2016.
Debido a los constantes amedrentamientos y amenazas, Carrillo se había visto obligado a desplazarse en diferentes momentos y era beneficiario de medidas de protección del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Chihuahua es una de las zonas de mayor peligrosidad para quienes defienden los derechos humanos. Así lo explicó Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
El experto visitó México y Chihuahua en 2017 y en su informe de misión presentado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos mencionó que “Al visitar el estado de Chihuahua, fui testigo de los riesgos que corrían los defensores de los derechos humanos que protegían los derechos del pueblo indígena rarámuri, una comunidad amenazada por grupos de delincuencia organizada y carente de la protección del Estado”.
Como respuesta, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal crearon un Plan de Contingencia para reducir los factores de riesgo y combatir las causas que producen los asesinatos y amenazas, sin embargo, hasta la fecha no se ha implementado completamente.
“Existe una gran expectativa en torno al Plan de Contingencia por parte de las víctimas, la sociedad civil y las mismas autoridades y es fundamental que se encuentren soluciones estructurales que brinden medidas de seguridad integral a los pueblos indígenas para que asesinatos de defensores como el del Sr Carrillo o los ocurridos el año pasado contra Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros no vuelvan a repetirse”, concluyó Jarab.
