ONU: anexión de Cisjordania por parte de Israel viola el derecho internacional

El acuerdo del nuevo Gobierno de coalición de Israel de anexar partes significativas de Cisjordania en territorio palestino ocupado, después del 1 de julio, violaría un principio fundamental del derecho internacional, aseguró el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La medida de Israel "debe ser objeto de una oposición significativa por parte de la comunidad internacional", según 47 de los mandatos de los procedimientos especiales independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos.

"La anexión de un territorio ocupado es una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas y de los Convenios de Ginebra, y es contraria a la norma fundamental afirmada muchas veces por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas: la adquisición de territorio por la guerra o la fuerza es inadmisible", señalaron en su declaración.

"La comunidad internacional ha prohibido la anexión precisamente porque incita a las guerras, a la devastación económica, a la inestabilidad política, a los abusos sistemáticos de los derechos humanos y, en general, a sufrimientos humanos".

Los expertos aseguraron que los planes declarados de anexión de Israel extenderían la soberanía a la mayor parte del Valle del Jordán y a los más de 235 asentamientos israelíes ilegales de Cisjordania. La decisión equivaldría a tomar aproximadamente el 30% de Cisjordana.

El llamado plan 'Paz para la prosperidad' (también denominado como el 'Acuerdo del siglo'), publicado por la administración del Presidente de EEUU, Donald Trump, a finales de enero, aprobó la anexión del territorio.

La ONU dijo en muchas ocasiones que la ocupación israelí de 53 años es la fuente de profundas violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino. De acuerdo a la organización multilateral, estas violaciones incluyen confiscación de tierras, violencia de los colonos, leyes de planificación discriminatorias, confiscación de recursos naturales, demolición de viviendas, traslado forzoso de población, uso excesivo de la fuerza y tortura, y explotación laboral.

Entre ellas se incluyen amplias infracciones del derecho a la intimidad, restricciones a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, ataques contra mujeres activistas y periodistas, detención de niños, envenenamiento por exposición a desechos tóxicos, desalojos forzosos y desplazamientos.

Las violaciones también incluyen privaciones económicas y extrema pobreza, detención arbitraria, falta de libertad de movimiento, inseguridad alimentaria, aplicación discriminatoria de la ley e imposición de un sistema de dos niveles de derechos políticos, legales, sociales, culturales y económicos dispares basados en la etnia y la nacionalidad.

"Los defensores de los derechos humanos palestinos e israelíes, que llaman pacíficamente la atención del público sobre estas violaciones, son calumniados, criminalizados o etiquetados como terroristas", aseguraron. "Por encima de todo, la ocupación israelí ha significado la negación del derecho a la autodeterminación de los palestinos".

Observaron que en dos ocasiones anteriores, Israel se había anexionado tierras ocupadas: Jerusalén Oriental en 1980 y los Altos del Golán sirios en 1981. En ambas ocasiones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó inmediatamente las anexiones por ser ilegales, pero no tomó ninguna contramedida significativa para oponerse a las acciones de Israel.

"Esta vez debe ser diferente. La comunidad internacional tiene la solemne responsabilidad jurídica y política de defender un orden internacional basado en normas, de oponerse a las violaciones de los derechos humanos y los principios fundamentales del derecho internacional y de hacer efectivas sus numerosas resoluciones críticas con la conducta de Israel en esta prolongada ocupación".

Entre los 47 expertos se encuentran los relatores especiales Michael Lynk, relator sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; Agnes Callamard, relatora sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; David Kaye, relator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, y David R. Boyd, relator sobre los derechos humanos y el medio ambiente.

*José Ricardo Báez G. contribuyó con la redacción de esta noticia.